Pederastas en la red

Hace tiempo que existen y operan en franca impunidad, pero las leyes de Chihuahua no evolucionan a la velocidad de las mentes criminales. Pero aún: dan pasos hacia atrás. En una década, la policía capturó a pervertidores profesionales, que no sólo explotan sexualmente a niños, sino también los violentan. Sin embargo, la historia no influye a los legisladores locales. Ellos viven todavía en una realidad distinta.

En el verano de 1992, Jaime Ariel Weckman Hernández fue arrestado bajo acusaciones de violación, en perjuicio de dos varones menores de edad. El almacenista de la Unidad 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la ciudad de Cuauhtémoc, tenía entonces 30 años. La detención y la sentencia que sobrevino después, mantuvo ocupados a los periodistas locales por varias semanas, pero el caso pronto fue olvidado. Cinco meses más tarde, al comenzar diciembre, Weckman abandonó la prisión sin que nadie le diera importancia. El hombre se reintegró a sus funciones como empleado del instituto y solicitó su cambio de plaza a Ciudad Juárez. Durante ese tiempo jamás abandonó su afición por los niños, sino todo lo contrario. Se esmeró en aprender el uso de la computadora, y a finales de la década pasada dio rienda suelta a una forma más eficaz y menos riesgosa para hacerse de amantes: la conquista a través de Internet.

Wekman, ahora de 43 años, fue apresado nuevamente en una ciudad y por una policía distinta. Un grupo de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado operó encubierto, la mañana del 20 de marzo, para sorprenderlo en el momento justo en que emprendía la marcha en su camioneta con el cuerpo del delito, un adolescente de 13 años, a quien sedujo durante un par de meses, valiéndose de otros amantes púberes. Desde enero, el menor pasó de la curiosidad a la obsesión, conforme incrementaba la intensidad sexual de los correos electrónicos y las conversaciones por chat, hasta llegar el día en que recibió fotografías donde se ve a Wekman sosteniendo relaciones con varios de sus amigos.

“Todo ese material contenía situaciones sexuales ofensivas para el menor”, dice Lilia Lerma, quien comandó las operaciones de arresto, como encargada del Departamento de Atención a Víctimas Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. “Eran una serie de ataques psicológicos que estaba recibiendo por parte de este hombre y otros menores, que fungían como ganchos en esta organización”.

Igual que 14 años atrás, el arresto del empleado del IMSS volvió a ser noticia principal. Sin embargo, pese a la contundencia de los archivos fotográficos y la correspondencia que pudo reunir la policía, Weckman mejoró la suerte de entonces: a nueve días de su captura, el 29 de marzo, recuperó su libertad tras depositar una fianza por 36 mil pesos. Armando Jiménez Santoyo, el juez que lleva la causa, encontró elementos para abrirle un juicio por el delito contra la correcta formación del menor, pero no por una acción que implique otros crímenes sexuales.  Lo que pasó esta vez, fue lo mismo que en 1992. La pobre legislación estatal deja huecos que tanto él como muchos otros pederastas, aprovechan perfectamente para evadir la justicia, dice Lerma. En esos vacíos increíbles, otros individuos hacen posible una industria criminal que permanece impune, aunque entrañe un enorme costo social.

Weckman es el más reciente de una casta de pornógrafos que conoce la sociedad fronteriza. Y el arresto de todos ellos dan la pauta para estimar que Ciudad Juárez es lo más parecido a una cocina infestada de cucarachas: por cada uno que se ve, operan al menos otros 60, dicen algunos expertos.

En su calidad de relator especial de la ONU sobre los derechos de los migrantes, el fundador del Colegio de la Frontera Norte, Jorge Bustamante, dijo a finales de febrero que Juárez sostiene una preocupante red de pederastas y explotadores sexuales. Son organizaciones e individuos que se valen de la Internet para establecer conexiones ilegales, precisó. Las palabras del investigador no guardan sorpresas. Ya antes, en 1997, otra relatora especial, Ofelia Calzetas Santos, calificó con términos muy parecidos lo que ella misma atestiguó en su primera visita a esta ciudad: “es muy serio y grave el problema”, dijo. “Hemos escuchado historias horribles, muy difíciles de creer, del abuso infantil, tráfico de niños y comercio carnal entre los menores, y sabemos que hay pornografía infantil”.

Ella estuvo en la ciudad el 19 de noviembre. Al mes siguiente, el 20 de diciembre, lo que había dicho pareció entonces una profecía. Las autoridades detuvieron ese día a cuatro sujetos, entre ellos un médico del IMSS, acusados de operar una vasta red de pornografía infantil, en la que los roles de cada cual estaban perfectamente definidos. Había un recluta y tres clientes de primera línea, que además filmaban y tomaban fotografías de ellos y los niños al momento de sostener relaciones sexuales. Ese material, dijo la policía, era distribuido entre pederastas de México y Estados Unidos, aunque nunca pudo corroborar totalmente sus conjeturas.

La operación de la red descubrió un dato perturbador: sus víctimas eran niños de la calle, una legión inmensa de vagabundos que al paso de los años aumentó de tamaño, mientras que el estado redujo sus programas diseñados para atenderlos y reenviarlos a sus casas. Detrás del fenómeno, hay otro igual de inquietante, el de la violencia intrafamiliar, y si se levantan una tras otra las capas, se va hacia un infinito que vuelve pesimista a cualquiera. Ciudad Juárez es una ciudad cuya estructura social está resquebrajada, y ello al final se manifiesta de muchas maneras, una de las cuales es la violencia sexual aplicada en contra de los menores, así sea para comercializar o satisfacer el instinto de sus agresores.

“En verdad es impresionante la cantidad de incesto que hay en Ciudad Juárez”, dice Esther Chávez Cano, la directora del centro de crisis para víctimas de la violencia sexual, Casa Amiga. “No solamente es explotación y comercio carnal, esto también es una enfermedad social”.

Entre 1999 y 2005, Casa Amiga atendió a 69 mil 803 menores agredidos física y sexualmente. La violencia aplicada en casa es un factor presente en el 80 por ciento de los casos de niños en la calle, según informes de las mismas autoridades municipales. Fueron parte de ellos, los que una década atrás, demostraron que no sólo limpian vidrios de automóviles en los cruceros, sino que también son explotados y sirven como base de una vasta red de prostitución que involucra a profesionistas y jefes de familia de uno y otro lado de la frontera.

En el verano de 1997, la policía inició una investigación después de que el DIF municipal les dijo que varios menores desprotegidos aludieron la existencia de una red de pornografía. En diciembre, un hombre llamado Javier Córdoba Robles, que se dijo jardinero, fue arrestado y en su poder se hallaron videograbaciones de niños sosteniendo relaciones sexuales con él y otros adultos. En unas cuantas horas, los investigadores detuvieron a otros tres individuos, entre ellos un médico del IMSS, Carlos Alberto Porras Trejo, de 47 años. Los menores con quienes practicaban sexo, tenían una edad entre los 11 y 14 años. Al final, de todos ellos únicamente Córdoba sigue en prisión. El resto obtuvo la libertad después de que sus abogados tomaron ventaja de un apartado legal, que no considera como violación el sexo con un menor mayor a los 12 años, cuando hay una práctica de prostitución o asentimiento del niño.

El ejercicio criminal de hombres como Weckman o Porras, adquiere una condición alarmante, cuando la propia policía sirve de tapadera. Rafael Hernández fue el director del DIF hasta 1998, y el funcionario que se encargó de mostrar la realidad de los menores a la relatora especial de la ONU. En los reportes que manejó entonces, la referencia sobre la explotación ejercida por la policía municipal era permanente, dice. “Estos niños que trabajaban en el centro de la ciudad, eran en verdad maltratados por todos, incluida la autoridad”.

Hernández y la relatora Calzetas dieron una vuelta por los sitios que desde entonces son centros de prostitución callejera de puros menores. Observaron la forma en que trabajan en las inmediaciones del puente internacional Santa Fe, en el Parque Borunda, la calle María Mariscal y la plaza a Benito Juárez. De entonces a hoy, no tiene dudas de lo mucho que ha crecido el fenómeno, para mal.

“Las condiciones sin duda se han agudizado; hay una desarticulación absoluta de la autoridad, y también poca sensibilidad ante una sociedad que es poco demandante”, dice. “Seguimos pensando que es un problema menor, coyuntural. Nos alarma cuando se da la noticia, pero luego todo se diluye. Y si nos detenemos un poco, veremos que en el fondo existe una operación profesional, perfectamente estructurada”.

Por encima de las redes criminales, se encuentran las víctimas. El abuso sexual conlleva una serie de trastornos psicológicos y sexológicos severos, dice Sergio Rueda, psicólogo clínico con especialidad en sexualidad humana y director de servicios psicológicos del Instituto de Medicina y Tecnología Avanzada de la Conducta.

“El efecto más potente del daño psicológico se encuentra en el área de la sexualidad de la persona”, dice Rueda. “Según el doctor John Money los mapas sexuales de estas personas son vandalizados e incorporan en este mapa los elementos del trauma sexológico de abuso en templetes neurales que establecen conexiones, y en consecuencia difícilmente lograran erradicar el trauma psicológico que se sufrió en la infancia. Un ejemplo de esta vandalización de mapas es lo que el doctor Money llama mapa hipofílico del amor; en otras palabras, que el trauma psicológico conlleva a una disminución potente de la libido y puede traer como consecuencia problemas de deseo sexual en el que la victima sufre casi en su totalidad del deseo sexual normal de una persona”.

Hace tiempo que el riesgo de ser sexualmente explotado o sufrir un ataque sexual cuando se es menor de edad, evolucionó a una condición de práctica cotidiana. En 1998, un censo que sirvió de base a un trabajo académico llamado Infancia Robada, estimó que en Ciudad Juárez unos 2 mil 600 niños de la calle aceptaron que se prostituían. En la Sub Procuraduría General de Justicia, las estadísticas, aún pobres por falta de aplicación profesional, son una proporción alarmante con esas cifras. En el primer trimestre de 2006, se han denunciado 54 abusos sexuales y 73 violaciones. La mayoría, dice la vocera de esa dependencia, Claudia Bañuelos, se cometieron en contra de menores.

Las calles y los hogares son sitios en donde se consuma el comercio carnal y el crimen silencioso. Pero el escenario de mayores licencias se encuentra donde muy pocos pueden ver a las partes involucradas, la Internet. Como Weckman, cientos de pederastas lo entienden y se valen de una combinación de ausencias legales y rastreos eficientes de la policía, que llegue a encarcelarlos. El riesgo de que uno de ellos caiga y vaya preso, es en verdad minúsculo, y el trabajador del IMSS ahora lo sabe.

“Sabemos que la pornografía es altamente dañina al ser humano”, dice Rueda. “Hay estudios que han encontrado que existen cambios significativos en las creencias de los sujetos cuando se les muestra pornografía. Por ejemplo, llegan a creer que el sexo inusual y atípico que se refleja, y aún los trastornos psicológicos severos como el sadismo y la violación, son algo normal”.

Adrián G., el adolescente de 17 años que enlazó a Jaime Ariel Weckman Herández con su víctima de 13 años, fue también el mensajero final que empleó el pederasta cuando comenzó a sospechar que algo andaba mal. En una de las últimas conversaciones por Chat que sostuvo Adrián con el otro menor, le dijo que Weckman lo había borrado de su lista de conversadores, porque estaba inquieto: “Dijo que llegando a Juárez se conecta (al Internet), pero no quiere platicar contigo, la neta, porque dice que tal ves tus papás estén viendo lo que escribes y que puede ser una trampa para meterlo en problemas”, le escribió. El menor, que ostentaba un sobrenombre subyugante, “El amor es lo más lindo que hay en el mundo”, le respondió en contrario: “No, porque yo tengo mi contraseña y la compu ya en mi cuarto”.

En realidad eran ciertas las sospechas del sujeto. Para entonces los investigadores de la Secretaría de Seguridad Pública estaban coordinados con la Patrulla Cibernética de la Policía Federal Preventiva, y monitoreaban cada paso que Wekman daba en la red, en busca de un encuentro sexual con el menor. Los días previos, uno de los hermanos de la víctima, que estudia en Argentina, pudo burlar las contraseñas en la máquina y correo privado del adolescente, para descubrir las fotografías y los mensajes del pederasta. Wekman conversó todavía el día del encuentro, sin saber que hablaba en realidad con policías. Cuando llegó al centro comercial Plaza Juárez, una decena de ellos lo vigiló en todo momento, hasta que pasadas las 10 de la mañana, el menor subió a la camioneta roja del trabajador del IMSS y se pensó que ya no era necesario esperar por nada: los agentes tenían en su poder copia de las conversaciones, fotografías y algunos mensajes en el celular del adolescente, y ahora lo habían visto maniobrar frente a sus ojos. Pero todo sirvió de nada.

“Todo lo que es vía comunicación Internet, como es tan amplia, no se tiene regulada en la ley”, dice Lerma.

Ella está frustrada, como el resto de su equipo. La combinación de un expediente mal integrado y una ley con deficiencias graves, invalidaron lo que ella misma juzga como una investigación de altos vuelos. Un mes antes de esas operaciones, cuando Weckman ya tenía seducido al infante, Victoria Chavira Rodríguez, en su condición de presidenta de la Comisión de Equidad, Género y Familia en el Congreso de Chihuahua, demandaba penas más severas en contra de quienes abusan y explotan sexualmente a los menores. Emitió un comunicado para tal efecto: “Debemos endurecer las penas a los delitos de corrupción de menores, pornografía infantil y lenocinio”, dijo. Y otra vez, como en el pasado, sus palabras trajeron nuevas desgracias.

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