Nuestro Chernóbil

En Samalayuca, al sur de la mancha urbana, los ejidatarios han pedido el auxilio de ecologistas e investigadores, pues están seguros de que los mantos freáticos han sido igualmente contaminados por la bomba de cobalto 60.

Si bien un par de estudios efectuados por expertos de la UNAM y la Universidad Autónoma de Chihuahua les han dado la razón, ninguna autoridad los ha atendido…

Hoy, a 25 años, hay quienes afirman que los daños son más funestos de lo que han dicho las autoridades mexicanas. Y no sólo eso: las consecuencias mayores se verán mucho después, cuando arribe la cuarta generación de todos aquellos que fueron contaminados en el peor desastre nuclear registrado en el hemisferio.
 
El frío de esa madrugada de lunes eran tan despiadado que muy pocos se aventuraban en las calles. El chofer del camión cargado con 30 toneladas de varilla vio un camino despejado desde que salió de los patios de Aceros de Chihuahua.

Se embarcaba en un viaje hasta el norte de los Estados Unidos, pero jamás llegaría a su destino.

La remesa que llevaba congelaría al día siguiente el ánimo de los ejecutivos de la empresa, cuando fueron enterados por autoridades de ese país que el material estaba contaminado con Cobalto 60, una intensa fuente de radicación gamma capaz de provocar la muerte o mutaciones en un ser humano.
 
Todo fue una casualidad:

El chofer había rebasado las 12 horas de travesía al llegar a Santa Fe, la capital de Nuevo México, y por causas que jamás se explicaron extravió su rumbo unos cuantos kilómetros después.

Fue un descuido que muchos debieron agradecer.

El desatino aproximó el trailer al laboratorio nuclear de Los Álamos, y entonces se activaron los sensores de fugas radiactivas. El camión fue abordado por unidades militares que lo obligaron a detener la marcha.

Las autoridades de los Estados Unidos fueron capaces, los días posteriores, de recolectar varilla contaminada que antes de esa carga llegó a varias ciudades. Incluso demolieron edificios y todo  regresó a suelo mexicano. Pero en México, la mecánica de venta, plagada de coyotes, y la avaricia de otros tantos constructores y distribuidores, no concluyeron jamás la misma misión.

La varilla detectada por los sensores de Los Álamos se fabricó con metal fundido en Aceros de Chihuahua, una paraestatal que operó hasta fines de la década de 1980.

A los hornos llegaron toneladas de chatarra que durante meses estuvo en contacto con la fuente de Cobalto 60, que era el corazón de una unidad de teleterapia ingresada de contrabando en 1977 por el Centro Médico de Especialidades, el hospital privado más caro de la ciudad.

En 1983, en septiembre, un empleado del hospital llevó la unidad desvencijada al Yonke Fénix, un deshuesadero cuyo negocio principal era, igual que hoy, la compra de fierro por tonelada.

Además de Aceros de Chihuahua, los clientes del yonke sumaban a Fundival, de Torreón; Grupo Urrea, de Guadalajara; Industrial del Hierro y del Acero, de Atizapán, y Fundidora Frontera, de Ciudad Juárez.

Varilla y otros productos de metal contaminados se distribuyeron en Chihuahua, Sonora, Baja California, Sinaloa, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Morelos, Hidalgo, Nuevo León, Coahuila, Querétaro, Tamaulipas, Durango, Baja California Sur y Aguascalientes.

Los sensores del laboratorio de Los Álamos se activaron la noche del lunes 16 de enero de 1984. Hoy, a 25 años, hay quienes afirman que los daños son más funestos de lo que han dicho las autoridades mexicanas. Y no sólo eso: las consecuencias mayores se verán mucho después, cuando arribe la cuarta generación de todos aquellos que fueron contaminados entonces.

“El daño de la contaminación a la que se expuso la comunidad con esa cápsula de cobalto puede tardar (en manifestarse) 10, 15, 20 ó hasta 25 años, de acuerdo al grado de exposición que tuvo cada persona”, dijo Agustín Horcasitas Cano, el ex gerente de producción en Aceros de Chihuahua, cuando presentó su libro “El gran engaño”, en el que vertió su hipótesis sobre el accidente, el 3 de noviembre de 1999.

Ramiro Ayala es uno de tantos que estuvo en contacto directo con la cápsula. En 1983, cuando se vendió como chatarra en el yonke, él era ayudante de cortador.

Junto con otros 67 empleados vivió tres meses en la zona más contaminada, y nunca lo supo. Desde entonces vive con mutaciones, las uñas de su pie izquierdo lucen permanentemente negras, sus defensas son escasas y ha  visto morir a tres de los 15 trabajadores que decidieron quedarse en el Fénix.

“Las únicas medicinas que me he tomado siempre, son mentales”, dice en medio de un descanso que se toma a mitad de su jornada laboral. “Lo que hago es pedirle a Dios, ¿verdad? Es mejor no pensar en que uno está cobalteado”.

PAREDES QUE MATAN

Cada día, unas cinco mil personas visitan las tiendas del centro comercial Plaza Juárez. Es una distracción desde que abrió sus puertas, en 1984. Hasta hace unos meses fue el complejo departamental más importante de la ciudad. Pero durante mucho tiempo, fue también una amenaza de muerte.

Muchos ecologistas y abogados locales sostuvieron por años que en la construcción del mall se empleó varilla contaminada, una afirmación que nunca pudo demostrarse.

Lo mismo dijeron de unidades completas edificadas por el Infonavit.

En los hechos, sin embargo, únicamente dos edificios han sido demolidos porque se supo abiertamente que sus castillos emanaban radiación.

El dato, pese a todo, no debe entusiasmar a nadie.

Agustín Horcasitas, el ex gerente de producción de Aceros de Chihuahua, emitió un cálculo alarmante el día que presentó su libro.

Dijo que al menos unas 10 mil toneladas de varilla contaminada jamás se recuperaron. Se trata de una cifra que rebate los informes emitidos por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias en septiembre de 1985.

La dependencia notificó que, “de manera conservadora”, de los hornos de Aceros de Chihuahua y Duracero, otra fundidora de San Luis Potosí, salieron 6 mil 608 toneladas de varilla contaminada, en un período que abarcó 44 días, hasta el 6 de diciembre de 1983.

El informe de la comisión dice que de 17 mil 636 construcciones “susceptibles” de tener varilla contaminada, mil 276 registraron niveles de radiación superiores al fondo natural, y de ellas 814 se encontraban por encima de un nivel aceptable, por lo que fueron demolidas. Es lo que dicen haber rastreado, a partir de las facturas de venta de ambas fundidoras. Pero miles de toneladas distribuidas sin control en pueblos y ciudades pequeñas, donde se vendió a través de intermediarios, nunca se recuperaron.

El tiempo ha jugado a favor de esos datos congelados. En las ciudades de Juárez y Chihuahua, las fuentes originales de la contaminación, ninguna autoridad local ha dado seguimiento ni vigilancia a las zonas irradiadas. De hecho, el accidente es una idea vaga.

“Tenemos entendido que este problema ya tiene muchos años y que ha causado algunos efectos, según datos de algunos investigadores, y eso nos indica que hay problemas surgidos desde aquellos tiempos”, dice Rosario Díaz, la directora de Ecología y Protección Civil del Municipio de Juárez.

La de Díaz no es una ignorancia cualquiera. Al margen de las especulaciones sobre el empleo de varilla radiactiva en la construcción de viviendas y centros comerciales, la zona donde fue sepultada la mayor parte de material contaminado pertenece al municipio.

En Samalayuca, al sur de la mancha urbana, los ejidatarios han pedido el auxilio de ecologistas e investigadores, pues están seguros de que los mantos freáticos han sido igualmente contaminados por la bomba de cobalto 60.

Si bien un par de estudios efectuados por expertos de la UNAM y la Universidad Autónoma de Chihuahua les han dado la razón, ninguna autoridad los ha atendido.

Samalayuca está lejos de ser el único sitio con posibles radiaciones magníficas en sus entrañas.

En el Estado de México, el pueblo de San Juan Teacalco, vive algo parecido.

TIERRA ENVENENADA

San Juan Teacalco es una de las 11 comunidades que integran el municipio de Temascalapa, 75 kilómetros al noreste del Distrito Federal.

Es un pueblo de colinas sembradas con nopal y maguey, y extensiones menores de fríjol, maíz y cebada, que muy pocos fuera de ahí conocen.

La población vive sin demasiado contacto con el desarrollo y el promedio de estudios apenas alcanza el nivel básico.

A un kilómetro y medio de ahí, a mitad del camino que lleva a Maquixco, un pueblo de menor jerarquía, el Instituto Nacional de Investigación Nuclear adquirió 20 hectáreas de terreno en 1973, sin notificarle al municipio que tenía planeado operar un centro de recepción de material radiactivo.

Desde diciembre de 1984 se almacenan ahí 98 toneladas de varilla contaminada y restos de cianuro provenientes de Chihuahua.

Algunos expertos, las autoridades y los residentes del municipio creen que la contaminación del subsuelo ha comenzado un daño irreversible.

En los últimos 15 años, la incidencia de muertes neonatales, cáncer de piel y malformación genética se ha multiplicado, y la agricultura, el eje de la economía en la región, ha caído de nivel hasta ubicarlos en una de sus peores crisis.

«Todo esto no se veía antes del panteón nuclear», dice Isaac Sánchez, el ex delegado de San Juan Teacalco. «Así que nosotros creemos que algo malo está pasando en este lugar, aunque nadie quiera decirnos qué es lo que pasa con nuestro pueblo y con nuestra vida».

Varios dictámenes emitidos por el ININ a partir de esos señalamientos negaron cualquier relación entre los fenómenos registrados en el pueblo y el almacenamiento del material contaminado.

Aún así, la Subcomisión de Materiales y Desechos Peligrosos, dependiente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, concluyó en marzo de 1999 que el daño psicológico, económico y moral del municipio debía ser subsanado por el Gobierno de la República y el instituto.

No es la primera vez que las dependencias del gobierno federal esquivan acusaciones de ese nivel.

En diciembre de 1996, un investigador de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Carlos García Gutiérrez, advirtió sobre las posibilidades de que en Samalayuca, el manto freático del que alguna vez pensó abastecerse a Ciudad Juárez, esté contaminado.

“La varilla que se envió en ese entonces (1984) está enterrada apenas unos metros arriba de los mantos, pero es más grave que en la actualidad estén varias toneladas a flor de tierra y una gran cantidad todavía en la ciudad de Chihuahua», dijo.

El investigador no está solo en sus temores.

El físico Bernardo Salas Mar, un investigador del Laboratorio de Análisis Radiológicos de Muestras Ambientales de la UNAM, concluyó, tras visitar el depósito de Samalayuca, que las posibilidades de que los mantos freáticos hayan sido contaminados es real.

“El sitio acusa erosión por agentes naturales de agua y viento”, dice.
“El sitio de confinamiento hace años que fue abandonado. Quien sea puede traspasar su perímetro. No hay señalamientos que adviertan que ahí hay material radiactivo enterrado”.

“Originalmente se propuso que todo ese material se enviara a Puebla, a un cementerio nuclear con todas las de la ley, pero nadie hizo caso”, dice Edmundo Águila Castillo, un abogado que en su momento defendió los intereses de una veintena de trabajadores del Yonke Fénix.

“Pero cuál fue la respuesta de la mentada Comisión de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. Bueno, pues enviaron a una bola de criminales sinvergüenzas que se dieron la gran vida: A mí me tocó llegar al hotel en donde se hospedaban, y los señores tenían como botana para picar, langosta y caviar, y no tenían sidra, sino champaña para beber”.

DAÑOS IRREVERSIBLES

Sentado en un sillón roto y sin patas, en una pequeña vivienda de una colonia proletaria llamada Bellavista, Bernardo Ponce habla de su hijo de 14 años. Cuenta cómo lo engendró y asegura que no fue dañado, como su padre llamado también Bernardo, por el contacto directo que tuvo con la cápsula de Cobalto 60, cuando los dos trabajaron en el Yonke Fénix.

Ponce es estéril, no puede donar sangre, y su evasión es similar a la que en su momento sufrió Benjamín de la Rosa Núñez, quien murió el 28 de mayo de 1991. Benjamín nunca reconoció que estaba enfermo por su exposición a la fuente radiactiva.

Ramiro Ayala, otro de los sobrevivientes del yonke, recuerda perfectamente los días finales de De la Rosa.

“Benjamín era un hombre grande, muy fuerte. Era el más grandote de todos, y tenía unos brazotes, pero de repente se enfermó y como en dos meses se murió, y quedó en puros huesitos nomás”, dice. “Estuvo muy rara la muerte de él, porque se acabó en un ratito, como en un medio año desde que empezó a sentirse mal. Eso es lo que pasa: Nosotros estamos expuestos a que nos dé una enfermedad de repente y se complica con lo cobalteado que estamos”.

De la Rosa no formó parte del grupo elegido por los médicos del IMSS para someterlos a estudios exhaustivos en la ciudad de México. Margarito González, quien murió en 1990, y Benito de la Rosa, muerto hace un año, tampoco formaron parte de aquel grupo que las autoridades, dijeron, era el más dañado por la radiación.

“Es lo que pasa: los que no fuimos parece que estuvimos peor”, dice Ayala.

Ellos no son los únicos, sino los que pueden rastrearse sin problemas. En noviembre de 1995, Alfonso Ciprés Villarreal, el dirigente del Movimiento Ecologista Mexicano, dijo que en Xochimilco una niña enfermó de cáncer por vivir en una casa construida con varilla contaminada. Y como ella existen miles de personas más, dedujo.

RETORNO A LA FUENTE

La calle Ignacio Aldama, muy cerca del centro de Ciudad Juárez, es estrecha, como un callejón. Ahí, el empleado del centro médico al que le fue regalada la unidad de radioterapia, estacionó durante meses su camioneta Datsun del 81.

Muchos niños jugaron con los balines que eran el corazón de la cápsula. En ese tiempo, 1983, la calle era bulliciosa: un par de vecindades de doble piso daban albergue a unas 35 familias.

De los vecinos de entonces únicamente vive ahí Hortensia Aguilar. El resto se fue, no se sabe a dónde, después de que las vecindades fueron demolidas, antes de terminar la década. Otras dos vecinas, que solían platicar recargadas sobre la camioneta contaminada, Guadalupe y Zeferina Miller, murieron de cáncer antes de 1991.

“Quién sabe en realidad el daño que provocó esa cosa”, dice Celina Chávez, quién entonces residía a la vuelta de esa callejuela, justo en donde hoy, a sus 57 años, atiende un puesto de la Lotería Nacional. “Creo que el gobierno se aprovechó de toda nuestra ignorancia”.

La calle se ha transformado al paso de los años. En el sitio ocupado por las vecindades abrió sus puertas una ferretería, y las ruinas frente a las cuales se estacionó la camioneta Datsun las hijas de una amiga de Chávez construyeron una casa. El tiempo ha borrado en ellos cualquier amenaza. De hecho, ya no la hay.

Pero todos aquellos que mantuvieron contacto directo con la bomba de Cobalto 60 son una masa anónima que, dicen los expertos, sufren las consecuencias y heredan a sus descendientes mutaciones genéticas.

Hay mitos también. Del chofer del trailer detectado por los sensores de Los Álamos se ha dicho que murió de cáncer al poco tiempo de estallar el escándalo.

Pero lo único verificable es su error. El extravío que dio pie al descubrimiento del peor desastre nuclear registrado en el hemisferio.

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