Elecciones bajo sospecha

En este 2004, Veracruz, Tijuana y Oaxaca comparten una característica: son entidades donde las más recientes elecciones han sido fuertemente cuestionadas.
 
A pesar de los avances en la ciudadanización de los organismos electorales, la credibilidad de los comicios continúa en tela de juicio por circunstancias como la compra de votos, la coacción de electores, sobre todo en zonas rurales, la actuación parcial de algunos consejeros locales y el despilfarro de recursos económicos.

La Nación entrevistó a especialistas en el tema, como María Teresa González, actual consejera electoral del Instituto Federal Electoral (IFE); Alonso Lujambio, ex consejero del mismo organismo, y Fernando Palma Gómez, secretario nacional de Estrategia Electoral del CEN del PAN, para realizar una aproximación a por qué, pese a de los avances a nivel federal, siguen en duda este tipo de procesos y qué posibles caminos existen en la búsqueda de su limpieza.

Así se vota en algunos estados
En la sentencia SUP-JRC-288/2003, emitida en el 2003 por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se puede leer que “una persona vestida con camiseta verde en la casilla 108 filmó o grabó por más de veinte minutos a las personas que se encontraban en la casilla, agrediendo verbalmente a los representantes de los partidos.

“En la casilla 112 B una electora denunció que Miriam del Carmen Chi Zunza estaba ofreciendo despensas para que los electores votaran por el Partido Revolucionario Institucional. En la casilla 75 C personas vestidas con camiseta verde inducían al voto y un líder del partido antes mencionado repartió camisetas verdes a los votantes”.

Los hechos relatados, acontecidos durante la elección a gobernador en Campeche el año pasado, a pesar de formar parte de las denuncias que distintos partidos hicieron ante la autoridad electoral federal, no fueron suficientes para revertir el resultado que dio el triunfo al PRI.

De hecho, la sentencia referida mostró una gran cantidad de citas en las que se denunciaba este tipo de prácticas durante el día de la votación, mismas que fueron desestimadas por la autoridad electoral en virtud de que las actas de las casillas o los informes de los comités distritales no guardaron relación con los hechos denunciados.

Recientemente, en Veracruz se hi-cieron públicos los actos de intimidación con que el PRI supuestamente impidió a muchos simpatizantes de otros partidos votar -al momento de escribir estas líneas, el caso se encuentra en las instancias legales correspondientes.

Consejeros particulares
Para el encargado de la estrategia electoral panista, Fernando Palma, este tipo de acciones presentan un mismo patrón que tiene como objetivo cohibir al elector para que vote libremente por el partido de su elección, además de generalmente significar la presencia de los gobiernos estatales en los órganos electorales locales.

“En los casos de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Oaxaca y Veracruz (los institutos electorales) son instancias compradas por el gobernador; inclusive, en el caso de Oaxaca, también el Tribunal. En Veracruz, por ejemplo, el Presidente del Instituto es cuñado del Coordinador de Campaña de Fidel He-rrera (candidato del PRI), y el Secretario Ejecutivo del mismo es coordinador de la bancada priísta en el Congreso local”, relató Palma Gómez.

Como otro botón de muestra, el responsable de la planeación electoral del PAN refirió que los encargados de investigar irregularidades como las arriba descritas, en muchas ocasiones no cumplen con su función:
“En Oaxaca se presentaron más de 150 denuncias a la Fiscalía Especial para Delitos Electorales del estado y no le dieron seguimiento a ninguna. Estamos hablando de injerencia del Gobernador y, obviamente, esa procuraduría depende de él”.

Por su parte, el ex consejero electoral y actual catedrático del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Alonso Lujambio, opinó que en principio no es una mala noticia que los procesos electorales locales concluyan en tribunales.

“Mala noticia sería que los fallos de los tribunales -específicamente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que es la última instancia- fueran rechazados socialmente o que actores políticos relevantes movilizaran a sus bases en contra de las disposiciones que establecen los máximos órganos jurisdiccionales en materia electoral”.

Para Lujambio, el tema se vuelve más delicado cuando, como en las más recientes elecciones, los procesos son especialmente competidos y las distancias entre el primero y el segundo lugar son muy estrechas.

“Habría que analizarlo políticamente, pues los actores políticos tienden a utilizar estrategias de descalificación para intentar eventualmente revertir con unas cuantas casillas, ante tribunales, el resultado de la elección. Pero no debiera asustarnos. En todo caso, nos debe ayudar a interpretar correctamente, a la luz de la enorme competitividad electoral, las estrategias políticas de los actores”.

Gajes de la democracia
En otro orden de ideas, la presidenta de la Comisión de Capacitación del IFE, María Teresa González, opinó que se hace necesario matizar respecto a cada entidad federativa.

“En general, en términos nacionales, nos estamos estrenando con la democracia, en especial con la electoral; es muy reciente nuestro arribo a un Estado de democracia electoral en donde el voto cuenta y se respeta y donde a través del voto elegimos los ciudadanos a nuestros representantes en el ámbito nacional”, explicó.

La Consejera electoral precisó que el avance en la organización de elecciones ha sido significativo tanto a nivel federal como en las distintas entidades de la república, sobre todo en términos de exigencia ciudadana, de sociedades más participativas, vigilantes de que se den este tipo de procesos de cara a la sociedad y de manera limpia y transparente.

Guerra de billetes
De acuerdo a nuestros entrevistados, en el camino para tener elecciones menos cuestionadas hay varias opciones.

Palma Gómez hizo énfasis en que se deben reducir los costos de campaña, especialmente en lo que se refiere a medios de comunicación, en tanto que Lujambio y González dieron prioridad a la transparencia de las campañas y a conceder mayores atribuciones a los órganos electorales.

Fernando Palma, secretario de Estrategia Electoral del PAN, comentó que el Partido estudia la posibilidad de presentar iniciativas para reducir los gastos de campaña.

“Ahora los mayores beneficiarios de los egresos son los medios de comunicación. Creo que eso se puede regular. Se abatirían mucho los costos, durarían menos las campañas y no se haría una competencia de quién tiene más dinero”.

El estratega electoral del PAN explicó que con esa medida se harían más equitativas las campañas, ya que en el caso de Veracruz, por ejemplo, “Fidel Herrera gastó más de 600 millones de pesos, cuando el tope de campaña era de 60 millones; inclusive, Dante Delgado (candidato de Convergencia) superó al PRI en publicidad en las calles”.

Relacionado también con los recursos económicos, Alonso Lujambio mencionó la necesidad de que los partidos transparenten su utilización antes y después de las campañas.

“Creo que estamos llegando a una situación límite en México, porque la queja que más se escuchó en los procesos electorales últimos tiene que ver con la poca transparencia en la utilización del dinero y, por otro lado, se está escuchando sistemáticamente la queja de la compra y coacción del voto”, opinó.

Y es que, dijo, como se ha visto claramente en América Latina, son puntos de muy difícil regulación.

Por ello, el catedrático del ITAM propuso se analice la posibilidad de que el IFE y los institutos electorales locales cuenten con más instrumentos de investigación en materia de financiamiento, “especialmente lo que tiene que ver con el secreto bancario, (lo cual ayudaría) a inhibir conductas desapegadas a derecho y a someter a todos al eventual escrutinio de los órganos electorales con capacidad de investigación”.

En forma coincidente, la actual consejera Teresa González recordó que se ha puesto en la mesa de debate lo relativo a mayores atribuciones para los órganos electorales, tanto a nivel de vigilancia del manejo de los recursos en las campañas electorales como en las llamadas precampañas.
Su conclusión es que se trata de “dos áreas en donde falta mucho para lograr elecciones mucho más limpias y transparentes y para garantizar la equidad en la contienda electoral”.

Ambos especialistas opinaron sobre otras propuestas, entre ellas que el IFE coordine o vigile los comicios estatales y la implantación del mecanismo de segunda vuelta en votaciones cerradas, tal como sucede en San Luis Potosí.

Segunda vuelta
Pioneros en la implantación de este sistema, la Comisión Estatal Electoral de San Luis Potosí estableció la segunda vuelta a partir de 1997; aún hoy, el presidente consejero de dicha comisión, Juan Dibildox Martínez, ha pedido replantear el instrumento.

Tanto para María Teresa González como para Alonso Lujambio, el recurso debe ser materia de un análisis serio, aunque coincidieron en expresar poco entusiasmo por la idea de su implantación.

“Esta cuestión de las segundas vueltas todavía no es algo que me convenza, en el sentido de un proceso en donde se extendería el término de la decisión popular en busca de una mayor representatividad. En principio suena atractivo, pero me parece que en términos de condiciones para llevarlo a cabo, para enfrentarlo, hay más riesgos que ventajas”, apuntó la Consejera del IFE.

En tanto, Alonso Lujambio consideró que “la segunda vuelta en elecciones presidenciales no garantiza -esto se ha comprobado estadísticamente en análisis comparativos- mayorías absolutas en las Cámaras sino la fortaleza presidencial a partir de una elección mayoritaria, lo cual no necesariamente debe coincidir con una mayoría congresional”.

El también investigador mencionó que algunos autores piensan que las segundas vueltas presidenciales tienden a fragmentar más la representación en los congresos, aunque, por otro lado, otros como Negretto o Colomer han argumentado que las segundas vueltas fortalecen las opciones centristas de la competencia y debilitan las opciones extremas en el espectro ideológico.

Ambos argumentos, dijo, debieran estar presentes en cualquier deliberación sobre la pertinencia de incorporar a nuestro marco constitucional la segunda vuelta.

El secretario panista, Fernando Palma, condicionó su establecimiento a la reducción de costos propagandísticos, lo cual “sí sería positivo en casos como el de Veracruz, en donde hubo mucha competencia y tres candidatos, y el ganador resulta débil por el número de votos; entonces, sería sana una segunda vuelta, siempre y cuando se evite ese gasto tan oneroso como el que se da en las campañas”.

Autonomía electoral
La otra idea, participación del IFE en comicios locales, tampoco generó mucho entusiasmo en nuestros entrevistados.

“No soy afecto -expresó Alonso Lujambio- a la idea de que vayamos a un modelo brasileño en el que el Instituto Federal Electoral organice todos los procesos, tanto locales como federales; creo que tenemos que enfatizar nuestra atención hacia la manera en que están siendo integrados estos órganos y la manera en cómo están funcionando, porque el modelo general no debemos despreciarlo en principio”.

Afirmó que cualquier juicio general sobre los institutos electorales de los estados sería injusto. Sin embargo, habría que reflexionar sobre la atención, “creo que no suficiente”, que en muchos casos los partidos políticos han puesto en la selección de los consejeros electorales.

“Me parece que el descuido de estas negociaciones en muchos estados ha generado que partidos que originalmente aprobaron con su voto la designación de consejeros electorales, se sientan profundamente defraudados por consejeros poco comprometidos con las causas democráticas que todo organismo electoral administrativo debe defender”.

María Teresa González también se inclinó por el respeto al ámbito de competencia de cada organismo, pues así se concibieron los institutos electorales en un principio.

“He escuchado desde los orígenes del IFE y en diferentes fechas esta inquietud de poder concentrar en un solo órgano nacional todos los procesos electorales, aunque sean estrictamente locales.

“Se argumenta mucho la ventaja de un órgano que se dedique exclusivamente a estas actividades, se aduce mucho a lo que significa en términos de costos, pero creo que así se dio el origen del IFE y de los institutos locales, creo que hay que respetar la autonomía de cada una de las entidades para manejar sus procesos electorales estatales”, completó.

Atención
A manera de conclusiones, nuestros entrevistados coincidieron en que se trata de un tema que por su complejidad merece mucha más atención que la que los propios actores políticos le han otorgado.

Alonso Lujambio reflexionó acerca de la incidencia del abstencionismo en los procesos electorales y su relación con lo que el elector percibe de los partidos.

“Estamos ante un fenómeno he-terogéneo que responde quizá a las circunstancias políticas por las que atraviesa cada una de las regiones y la dinámica de sus propios procesos políticos.

“Por supuesto que a nivel nacional la participación ha estado cayendo, y creo que eso nos indica la manera en que los ciudadanos están percibiendo la fortaleza de los partidos, su capacidad representativa y, en todo caso, el proceso democrático en su conjunto”, añadió el ex consejero electoral.

Para María Teresa González, el tema “preocupa en el sentido de que a través del voto se da cuerpo a toda la representación política nacional. Sin embargo, una baja participación electoral no es un dato nuevo o reciente en la historia mexicana ni tampoco es exclusivo del país, es un dato que se presenta en todas las democracias, unas más consolidadas que otras, en todo el mundo occidental”.

Desde la óptica partidista, para Fernando Palma es necesario cerrar filas en torno al PAN: “Involucrarnos en las casillas y en el ejército electoral. Demostrar que tenemos un compromiso con México y con el Partido. El primero que tiene que demostrar que está con el PAN es el militante y tiene que tener la suficiente responsabilidad para hacer su trabajo en beneficio del Partido”.

Palma Gómez sentenció que el asunto es simple: “Entender que las elecciones se ganan y se pierden en las casillas y que si no tenemos un ejército bien conformado, con confianza, bien preparado, comprometido, no podemos aspirar a más”.

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