El fuero no protege personas sino funciones

Para realizar un análisis de la fi-gura jurídica del fuero en nuestro país, La Nación consultó a dos experimentados abogados: al constitucionalista Raúl Carrancá y Rivas y al senador César Jáuregui Robles, especialista en el tema.

Ambos resumieron que el Congreso no está facultado para determinar la situación jurídica en casos como el del ex asambleísta René Bejarano, y mucho menos retirarle el fuero, puesto que no lo tiene.

En primera instancia, porque hay ambigüedad en los artículos 61 y 111 de la Constitución -que más adelante se detallará- y porque el Poder Legislativo se encuentra atrofiado en ese ámbito luego de más de 70 años de presidencialismo, lo que nulificó al Congreso como órgano de aplicación de fórmulas de sanción.

– ¿Cuál fuero?- inquirió Carrancá y Rivas. Y obvió: “No se puede quitar lo que no se tiene”.

Jáuregui Robles coincidió y fue más allá: “El fuero no protege a la persona, protege a la función que desempeña, las funciones que están aquí consagradas (en la Constitución)”.

La discusión se centra en la figura del fuero, para qué fue creado y si debe dejar de existir en la legislación mexicana, qué adaptaciones debe sufrir o si sólo es un instrumento jurídico para que la autoridad, cualquiera que ésta sea, goce de impunidad ante la comisión de un delito.

Un poco de historia
Y aunque cada entrevistado señaló una fuente distinta en el origen del fuero, coinciden en que éste fue creado para asegurar a los parlamentarios llegar a tribuna y expresar libremente sus opi-niones, sin menoscabo de sus derechos y atribuciones como representantes populares.

El abogado constitucionalista y profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Raúl Carrancá y Rivas, anotó que el político francés Gabriel Mirabeau estableció por primera vez el precepto cuando en la Revolución Francesa, durante la Asamblea Constituyente y en medio de un alboroto general (gritos, golpes y amenazas de ir a la guillotina), se hacía necesaria la protección de los parlamentarios para que pudieran llegar a la tribuna en representación del pueblo soberano y no fueran interrumpidos.

Por su parte, el senador de Acción Nacional, abogado de profesión y catedrático en Derecho Constitucional, César Jáuregui Robles, explicó que el fuero nace en Inglaterra como una protección para los parlamentarios frente al otro poder, el del soberano, del monarca, del Ejecutivo.

“Precisamente cuando Oliverio Cromwell (tirano y jefe del puritanismo, que disolvió el Parlamento en 1658) fue ante el Presidente de la Cámara de los Comunes y exigió que le diera los nombres de quienes estaban instigando en su contra. El Presidente le indicó que él sólo podía responder ante sus pares: en ese momento crucial nace el fuero, como uno de los hitos del derecho parlamentario”, narró el legislador federal.

De ahí que esta figura jurídica pasara a México a través de la Corte de Cadiz y se plasmara finalmente en el artículo 61, segundo párrafo, que al final de este texto se reproduce, y que a decir de Carrancá y Rivas se contradice con el artículo 13, porque éste señala que ninguna persona gozará de fuero (ver recuadro).

Inconsistencias en la Carta Magna
El llamado fuero constitucional no existe, porque el artículo 13, inserto en el capítulo de las Garantías Individuales, dice que: “Ninguna persona o corporación puede tener fuero; entonces, creo que es terminante. No hay fuero, lo está diciendo el artículo”, sostuvo enfático el catedrático de la UNAM.

Esta letra de la ley -precisó- tiene su origen en la abolición de los fueros coloniales en la Independencia. Hay una historia larguísima detrás para que todos seamos iguales ante la ley y nadie goce de ningún privilegio.

Admitió que hay ciertamente excepciones a ese principio de igualdad ante la ley, pero son de carácter procesal, no de carácter substancial.

Raúl Carrancá ejemplificó que si un altísimo funcionario, como el Presidente de la República, conduciendo su vehículo lesiona a un peatón, el Ministerio Público no lo va a llamar a la delegación, va ir seguramente hasta el Palacio (Nacional) o a Los Pinos, porque se le tiene una consideración de carácter procesal, habida cuenta de su alta investidura y de su función política administrativa. “Fuera de estas excepciones, nadie tiene fuero”, reiteró.

El artículo 61 de la Constitución, en la parte segunda, dice que: El presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero. “¿Cuál fuero?, si el 13 lo prohíbe”, arremetió de nuevo Carrancá.

Entonces, el Constituyente le está llamando fuero a la inviolabilidad, reflexionó. “Esto lamentablemente no se ha corregido. No sé si haya jurisprudencia de la Suprema Corte pero, con el debido respeto, no me interesa, aunque la Corte puede decir lo que quiera, no afecta la estructura teórica de la cuestión, porque no podrían estar nunca por encima de la letra y el espíritu de la Ley Suprema”.

Jáuregui Robles anotó que el artículo 111 dice claramente que: “Si el señor está en ejercicio de su encargo, es necesario hacerle una declaración de procedencia, por lo que se considera ante los pares”. Pero en el caso Bejarano no es así, puesto que éste pidió licencia y el fuero pasó a su suplente.

“Cuando el fuero nace, nace para proteger, no a toda esta bola de… que hemos arropado indebidamente con fuero, con esta protección constitucional. Lo que se quería decir es que nadie podría ser juzgado más que por sus pares previamente, ese es el objetivo del fuero”. Luego entonces, admitió, el problema es que se ha extendido a un sin número de personajes.

Ahora se ha desvirtuado. La declaración de procedencia empieza a tener ya poco sentido, “no tiene actua-lización” y cuando los órganos se dejan de usar se atrofian. El último desafuero -recordó Jáuregui- fue en 1983, el de Jorge Díaz Serrano (entonces senador y acusado de fraude durante su gestión al frente de PEMEX), “y muy mal hecho, por cierto”.

Impunidad e inmunidad
“Nosotros tenemos impunidad -detalló el Senador panista-, que significa nula pena para las expresiones que manifestemos en el ejercicio de nuestro encargo: quiere decir que si yo me atrevo a decir que el Gobernador de Chihuahua está involucrado con el narcotráfico y es culpable de enriquecimiento ilícito, en cualquier otro ciudadano eso podría dar pauta a una denuncia por difamación y calumnia”.

Delimitó que la impunidad es por las expresiones, y la inmunidad por los hechos o las acciones u omisiones en que incurre un servidor público durante el ejercicio del cargo. “Esta inmunidad es una protección, una vacuna que tenemos previa protesta del cargo, por eso ésta tiene un significado”.

El grupo parlamentario de Acción Nacional en el Senado tiene una propuesta para busca acotar el fuero, pues no puede desaparecer, “porque aún hay malos gobernantes que les da por perseguir a funcionarios inventando acusaciones calumniosas”.

Augurios
“El caso del señor Bejarano, del que todos estamos atentos, creo que se va a sobreseer, porque la Sección Instructora no va a llegar más que a la conclusión de que éste no tiene fuero y le va a devolver a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal todos sus papeles para que se ponga a actuar… para entonces, pues a lo mejor ya se fugó”, vaticinó el legislador panista.

Y lo primero que hará este perso-naje -aventuró Jáuregui- es notificar a la Asamblea que se reintegra a sus actividades, y con eso vuelve a adquirir la protección y otra vez… a empezar de nuevo.

En cuanto al Jefe de Gobierno del DF, el entrevistado consideró que su proceso de desafuero no está en estricto Estado de Derecho:

“Yo digo que no, también tiene ingredientes políticos y son válidos, porque lo decide una Sección Instructora por votación. En caso de que llegara a pasar al Pleno, que decide por la mitad más uno, ahí no necesariamente hay abogados, ahí no hay conocedores del Derecho ni de cuestiones jurisdiccionales”.

Fue más allá: “Ahí hay gente apasionada e irracional, en muchos casos, y puede discrecional, caprichosa e interesadamente, votar como considere”.

Carrancá anticipa que en el caso de López Obrador la Cámara de Diputados decidirá si procede poner al inculpado en las manos de un juez, “pero eso no es quitarle el fuero, de ninguna manera. No hay fuero, es una barbaridad. ¿Cuál fuero?, es una declaración de procedencia”.

Soy partidario -agregó el jurista- como muchos abogados que lo han sostenido en el seno de la Academia, de que desaparezcan las facultades; habría que ver en qué forma, cómo se estructura, que tiene el Congreso en materia de declaración de procedencia en lo concerniente a la cuestión penal.

Entonces, “sugeriría una reforma constitucional para que la Cámara no tenga estas facultades.

“El juez es el que debe juzgar si se ha cometido un delito, no la Cámara de Diputados. Esto no tiene por qué favorecer la existencia de un privilegio, llamémoslo así, de carácter procesal, mediante el cual voy a dar, si soy diputado, primero a la Cámara donde no son abogados, donde se politiza, donde todo va a depender de la fuerza de los distintos partidos en juego”, finalizó.

Articulo de la revista La Nación.

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