El estado contra David

Tres años preso, acusado de ser el asesino de Neyra Azucena Cervantes, su prima política. El caso de David Meza Argueta, un chiapaneco de 29 años, no es cualquier cosa: se trata, dicen sus defensores -entre los que se cuenta la madre de la víctima-, del último criminal en prisión fabricado por la Procuraduría de Justicia de Chihuahua. Igual que a Sharif, La Foca y El Cerillo, Cinthia Kiecker y Ulises Perzábal, Meza se autoinculpó tras largas sesiones de tortura. A excepción del egipcio, el equipo que operó es el mismo y varios son señalados por sus nexos con el crimen organizado. Y también, como en todos los casos anteriores, la fabricación de pruebas rebasa lo grotesco.

La camioneta del abogado Miguel Zapién se ha detenido a la entrada de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, en las faldas de un cerro conocido como Nombre de Dios, al oriente de la ciudad de Chihuahua. Se trata de una fortaleza policíaca a la que nadie puede entrar sin previa autorización.

Al fondo de ese gran conglomerado, en donde además opera la academia para formar nuevos agentes, un centro de investigaciones y el servicio de medicina forense, sobresalen unas cumbres de piedras inmensas que dan idea del porqué de su apelativo: Los cuernos de la luna.

Allí, en una de varias cavidades, fueron descubiertos los restos de Neyra Azucena Cervantes, la mañana del 14 de julio del 2003, dos meses después de reportarse su desaparición. La policía dice que el asesino es un primo político suyo llamado Miguel David Meza Argueta, quien no sólo debe ser un tipo frío y calculador, de acuerdo a los investigadores, sino un atleta portentoso.

Ellos dicen que Meza atravesó las instalaciones de noche en un automóvil y condujo hasta donde el terreno se lo permitió. Bajó con Neyra Azucena, a quien amagó siempre con un rifle calibre .22, y entre forcejeos fue capaz de llevarla hasta la cima en media hora, para luego consumar la violación y ejecutarla de un tiro en la cabeza.

Nadie dentro de esa muralla los vio o escuchó. Tampoco nadie ha encontrado el vehículo ni el arma homicida, o igualado la hazaña de andar el mismo camino en 30 minutos, aún sin forcejeos y trotando de día, para llegar al punto exacto en donde se hallaron los restos de un cuerpo al que se aceleró el proceso de descomposición con químicos, fauna cadavérica ajena y disección del tejido blando.

“Usted puede ver que eso es francamente absurdo”, dice Zapién, quien junto al juez que lleva la causa penetró sin autorización a ese mismo campo, tan sólo para ser interceptados por un comando armado que los copó por aire y tierra, confirmando así su tesis de un complejo infranqueable. Si bien tres años atrás no existía tal cual, se ejercía una vigilancia igual a la de hoy, afirma.

Independiente a lo geográfico, el equipo forense contratado por la defensa de concluyó que la putrefacción del cuerpo fue alterada.

“Se utilizaron cuestiones extremas para lograr una descomposición más temprana de este cadáver. O sea que se manipuló”, dijo Zapién horas antes, en sus oficinas adornadas con réplicas de La Creación y El David, de Miguel Ángel. “No fuimos más a fondo en esas investigaciones, porque únicamente buscamos establecer que no se le asesinó allí y que fue un acto preparado; que el asesino no era ningún vicioso ni depravado que anda por las calles, sino que era algo organizado”.

Los peritos particulares, encabezados por un antropólogo de Baja California, descubrieron que el cuerpo de Neyra Azucena fue cortado por manos expertas. La disección fueron realizada por un enterado de procesos forenses, que también empleó fauna cadavérica originaria de África, que puesta en América se vuelve mucho más agresiva y acelera la descomposición, dicen estudios previos elaborados por especialistas de Chile.

Pero Zapién caminaba laberintos que ya antes había resuelto. Fue él quien logró la absolución de Cinthia Kiecker y Ulises Perzábal, una pareja de atersanos y músicos de reminiscencias hippie a quienes la misma procuraduría endosó el asesinato de Marcela Viviana Rayas Arellanes, la hija adolescente de un líder sindical, desaparecida semanas antes que Neyra Azucena.

La fabricación de ellos como asesinos es algo que posiblemente nadie pagará, debido a la intrincada red de complicidades que anida en el sistema judicial mexicano. Pero, dice el abogado, la confesión a base de tortura, la invención de testigos, las pruebas burdamente sembradas, la corrupción de algunos medios de comunicación y el prejuicio de una sociedad, le dieron solvencia para resolver técnicamente el caso de Meza Argueta con relativa facilidad.

Otros imprevistos y torpezas de las autoridades contribuyeron a ello. Meza Argueta fue retenido ilegalmente por los agentes judiciales el mismo día en que se hallaron los restos de Neyra Azucena. Tenía entonces 26 años. Junto con él, los policías retuvieron a su tío y padrastro de la víctima, Jesús Argueta Vargas. Al día siguiente sería presentado como el autor confeso del homicidio, tras algo parecido a un trueque perverso: él a cambio de su tío, según consta en el expediente del caso.

Después de la exposición como asesino se le llevó en helicóptero a Los cuernos de la luna para que señalara el sitio exacto en el que los agentes dijeron que abandonó el cadáver. Llevado por un olor fétido, Meza Argueta los condujo sin embargo unos metros distantes a donde se hallaron los restos de su prima. Los agentes dieron con los despojos de otra víctima, pero ocultaron el hecho durante dos años para no estropear su propia invención.

Igual que en el caso de Cinthia Kiecker y Ulises Perzábal, Meza Argueta sufrió torturas espantosas antes de declararse culpable. Aún así, la certeza de ese castigo despiadado no es una pieza contemplada en la búsqueda de la sentencia absolutoria. El abogado dice que hacerlo es perder el tiempo.

“No vamos anteponiendo la tortura porque definitivamente la cuestión del Protocolo de Estambul -lo hemos dicho en infinidad de conferencias – no sirve en México. Hacen falta reformas. A Cinthia y a Ulises no los exoneraron por eso: hay jurisprudencia firme donde se establece que en México es permitido torturar a alguien, siempre y cuando se le saque la verdad”, explica.

Zapién se refiere a un acuerdo internacional que busca desterrar la tortura como método de confesión, del que no solamente el gobierno mexicano es firmante, sino también el estado de Chihuahua.

“La Procuraduría vio tanto auge en todo esto que dijo: lo hago mío. Y entonces proclama que actuará de acuerdo al Protocolo de Estambul y con ello se lava las manos. Es algo que le cuesta al Estado, porque se han dado cursos, capacitación; trabajaron sobre la creación de una fiscalía especial para una cosa que no es procedente, porque nadie puede ir más allá de la propia Constitución”.

El día que asumió la defensa del matrimonio Perzábal Kiecker, el abogado encontró un cuadro perturbador. Dice que Ulises presentaba una fractura de días en una rodilla, tenía el escroto pegado al muslo como consecuencia de las descargas eléctricas aplicadas a los genitales, el tabique roto y un rosario de golpes por todo el cuerpo. Le habían cauterizado el recto y llevaba días sin defecar.

“Era algo grotesco, espantoso”, dice aún contrariado.

De todo eso, igual que de los golpes y huellas de tortura que halló en Cinthia, la Comisión Estatal de Derechos Humanos fue cómplice. En sus actas nunca reconoció las vejaciones, como tampoco lo hizo en el caso de Meza Argueta.

Como sea, en la justicia mexicana no aplican acuerdos que pugnan por la dignidad de los prisioneros.

Bajo la lógica de esta jurisprudencia, la autoridad que tortura tiene la razón, dice el abogado. “Cierta razón en que dicen: ‘tu cometiste el delito de homicidio y luego resulta que yo te golpeo y tu me confiesas, pero hay muchos elementos que confirmar tu confesión. Y sí, se determinó la tortura, pero yo no te puedo dejar libre porque está demostrado que tu eres el asesino”.

David contra el Estado

Los días que aproximan la sentencia para Meza Argueta han sido agobiantes. Ahora de 29 años, no sólo enfrenta un juicio por asesinato, sino a un aparato de justicia largamente cuestionado por corrupto, al que hasta hoy la sociedad le ha visto fabricar culpables en al menos dos homicidios de mujeres, pero también asesinar a un abogado defensor, dejar enormes especulaciones sobre la ejecución de otro más y maniobrar con irregularidad en la supuesta muerte natural de dos acusados, a quienes jamás les probó convincentemente su culpabilidad.

Si fuera un caso cualquiera, dice Zapién, sería caso resuelto a su favor. Técnicamente las pruebas que aporta son contundentes. El asesinato no se perpetró en Los cuernos de la luna, y de los cómplices citados por las autoridades, no se presentó evidencia de que existieran. Pero además, los hilos de una policía pervertida surgieron una vez que se echó a andar la defensa.

Zapién y su socio Adrián Arzáte Meléndez descubrieron que uno de los testigos en contra de Meza Argueta fue el abogado que estropeó, dicen, la salida de prisión de Abdel Latif Sharif. Antonio Nieto emergió de pronto como una de las piezas clave de la procuraduría, cuando declaró ante el juez que conoció a los supuestos hombres contratados por el inculpado para el secuestro de Neyra Azucena. De acuerdo a sus palabras, tuvo contacto con ambos en el interior de una cantina, en donde sin conocerlos le confesaron que Meza Argueta les había anticipado 350 dólares por consumar la fechoría. Sin embargo, Nieto jamás pudo ofrecer una descripción física de ninguno.

Unos meses atrás, Zapién identificó a otra de las piezas oscuras del sistema al que enfrenta. El día en que secretamente iba a presentar el caso de Cinthia Kickier y Ulises Perzábal, una indiscreción que él atribuye a la comisionada Guadalupe Morfín, casi le cuesta la vida. En el trayecto a la presentación fue interceptado por un comando armado que trató de secuestrarlo delante de su esposa.

“Me golpearon y abrieron la cajuela de mi vehículo para echarme ahí, pero por fortuna traía una bocina y no pudieron hacerlo porque no cabía”, rememora.

El abogado identificó a cuatro de los sujetos que intentaron el secuestro. Uno de ellos era Ignacio Sánchez Ruiz, quien se estrenaba como subcoordinador operativo de la Policía Ministerial. El comandante renunció a la dependencia en febrero de 2005 por causas jamás explicadas, y en diciembre de ese año su cuerpo fue arrojado sin vida, cuatro días después de que fue secuestrado.

“Todos fueron cayendo por otros negocios diversos relacionados con la ley”, dice. “Otro andaba huyendo porque golpearon a unos indígenas en Guadalupe y Calvo. Pero también hubo una amenaza de Estado, mediante el procurador (Jesús Antonio) Piñón, quien lanzaba notas en las que hablaba de demandar al abogado por adecuar pruebas a su favor. Eran cosas que no podía demostrar, pero las hacía para infundir temor”.

La mafia del sistema

Zapién De la Torre, Arzate y Asociados asumió la defensa de Abdel Latif Sharif a sugerencia de los padres de Cinthia Kiecker. Ellos son quienes han pagado sus honorarios por defender a Meza Argueta y decidieron cubrir también los gastos que generó la revisión del caso del egipcio.

Antes de eso, ya había ocurrido un encuentro entre Sharif y Zapién.

“Es una aberración lo que se cometió con Sharif”, dice el abogado. “Le dan una sentencia de 20 años cuando ya tenía un proceso de 10. Nos manda a hablar y le decimos que la acepte y se va. Pero aún y cuando no había anuencia de él, su abogado apela y eso lo perjudica. Se trata del mismo abogado que más tarde  testificó en contra de Miguel David: Antonio Nieto”.

Al apelar la sentencia Sharif recibe una pena de 30 años. Con Zapién y Arzate en la defensa, se recurre al amparo, pero se estrellan contra un muro de vicios. Sharif enfrenta entonces lo que sus abogados califican de vejaciones: lo acusan de haber participado en una riña intramuros y lo confinan a una celda donde su compañero es un exjudicial que distribuye droga dentro del penal.

“Después de eso encuentro a un Sharif enfermo, golpeado, con mucho miedo”, dice Zapién. “Nosotros moralmente pensamos que provocamos todo eso con la interposición del amparo, hasta que un día nos llaman y nos dicen que falleció, algo muy parecido a lo que pasó con La Foca”.

Como su defensa debidamente acreditada, Zapién y Arzate debieron ser notificados de cada paso que siguió a la muerte de Sharif. Pero no fue así. El egipcio murió la madrugada del primero de junio y fue sepultado sin notificar a sus abogados. El martes cinco de junio, ambos acudieron al penal para recibir informes y entonces se les dijo que el cuerpo quedó bajo disposición de la procuraduría.

“Es algo ilegal”, dijo Zapién, quien tampoco participó de la autopsia practicada al cuerpo. “Jamás notificaron a los verdaderos defensores para que fueran y vieran el cuerpo, para ver si nos desistimos de la acción, o a ver si vamos a pedir que se realice la resolución del amparo, por cuestiones ya de dignidad, de saber si esta persona era inocente o culpable”.

La muerte de Sharif fue un duro golpe también para Meza Argueta, quien fue su amigo. Sobre todo cuando dentro del penal comenzó a correr el rumor de que en realidad había comprado su libertad y que su muerte no era más que una puesta en escena. Entonces llamó a Zapién y le dijo que adentro decían que él se había vendido.
Nada es casual, dice el abogado. Detrás de los casos opera un mismo equipo de agentes, ministerios públicos, fiscales y, en el caso de Kiecker, Perzábal y Meza Argueta, el mismo procurador: José de Jesús Silva.

“Estamos ante una situación delicada”, dice Zapién. “La postura que debió haber asumido la nueva administración fue la de reconocer el error y crecer en base a ese error. ¿Qué habrían obtenido con eso? Ganar la credibilidad de la sociedad. Pero contrario a esto se dedican a tratar de salvar los errores que cometieron sus antecesores”.

Esa actitud del aparato es algo que lo inquieta. De hecho, estos casos han transformado su vida privada y lo obligan a tomar algunas precauciones. Ni él ni su socio utilizan vehículos que no sean nacionales. Los prefieren usados a extranjeros, dice. Tampoco cargan armas de fuego.

“No vayan a decir como con Dante, que robo carros, o como pasó con Mario, que dijeron que traía una pistola y que por eso los agentes repelieron una agresión y lo mataron”.

Las deliberaciones del juez sexto en materia penal, se realizan bajo enorme tensión. Es lo que dice Zapién, quien lo describe con trastornos gastrointestinales de tanto desgaste. Abraham Delgado es, sin embargo, alguien en quien puede confiarse.

“Es un juez honesto, al menos es un juez que se faja. No ha ocurrido lo que con el primer juez que tuvo el caso de Cinthia y Ulises”. Un juez, que de acuerdo al abogado dejó presionarse a tal grado de renunciar al juicio.

Los días que vienen serán clave, por lo que se juega: la credibilidad de una Procuraduría de Justicia a la que una porción ciudadana ha colgado cientos de cruces negras.

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