El chofer de Carlos Ahumada

El ex chofer de una constructora se ha convertido en la principal amenaza para el gobernador Lázaro Cárdenas Batel: posee evidencia que podría demostrar que el Gobierno de Michoacán benefició con la adjudicación de obra pública a empresas de Carlos Ahumada Kurtz, como favor a las supuestas inyecciones de dinero a campañas del PRD.
 
Reportaje Especial | Almargen

La mañana del siete de abril Antonio Murguía Ortiz se presentó a las oficinas de la empresa Cascata SA de CV, en donde trabajaba desde hacía dos años. Llegaba a su tercera semana de negociaciones para evitar un traslado laboral a una empresa hermana denominada Grupo Constructor Vame. Pero en vez del finiquito que peleaba fue enterado de su despido por los representantes legales Miguel Juárez Álvarez y Humberto Amador Martínez.

Lo que ambos juzgaron como la mejor solución administrativa para un empleado menor, entraña revelaciones delicadas. Murguía, quien fue el chofer de ambos, se convirtió de pronto en una amenaza para el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel.

Mediante una serie de documentos contables, análisis de movimientos internos de Cascata y depósitos a sus cuentas personales, el ex empleado parece ser dueño de la evidencia que faltó a los políticos que pretendieron demostrar que Carlos Ahumada Kurtz fue beneficiado en ese estado mediante la adjudicación de obra pública como un favor a las supuestas inyecciones de capital que realizó durante las campañas locales del PRD.

Murguía no sólo inició una demanda laboral en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Morelia, sino que ha comenzado a filtrar información con la que contradice a los principales funcionarios del estado, incluido el gobernador: En su condición de chofer asegura haber recogido en cuatro ocasiones a Carlos Ahumada –dos de las cuales llegó acompañado de Rosario Robles Berlanga–, en el helipuerto del hotel Holliday Inn, propiedad del empresario Enrique Ramírez. En todas esas visitas, sostiene, se entrevistó con Alfonso Solórzano Fraga, el entonces secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado, y otros empleados de primer nivel.

“Yo fui sólo el chofer de la empresa”, dice Murguía con una modestia falsa. “Pero fui reuniendo documentos que demuestran la corrupción tanto del gobierno como de las empresas del grupo Quart. Esos documentos revelan que todos los gerentes y apoderados legales de las empresas en realidad son gente de Carlos Ahumada”.

Enemigo pequeño

Antonio Murguía Ortiz, de 39 años, fue contratado sin ninguna garantía laboral, el siete de mayo de 2002. El puesto como chofer del vehículo que transportaría al gerente de Cascata, se consumó en los hechos. No hubo contrato escrito, pero los depósitos de nómina se hicieron efectivos a partir de la primera semana. Sus percepciones mensuales ascendían a 6 mil 492 pesos, según consta en la demanda laboral que interpuso el 3 de mayo, casi un mes después de notificársele su despido.

A juzgar por el desempeño de sus labores, pronto se convirtió en un empleado que gozaba de gran confianza. Murguía no solamente trasladó por distintos municipios del estado al gerente, sino que sirvió de correo para documentos de múltiples empresas ligadas entre sí, como Vame, Falcon, Copris, Vimarve, Buró Internacional de Construcciones y Austral, todas ellas operadas por supuestos prestanombres de Ahumada. Y en esa condición de chofer de todas las confianzas, sirvió igualmente de transportador al presidente del Grupo Quart no sólo en la ciudad de Morelia, sino en el Distrito Federal, en donde lo llevó en un par de ocasiones a la residencia oficial de Los Pinos para entrevistarse, dice, con el presidente Vicente Fox.

“Desde el carro, antes de llegar a Los Pinos, el señor Ahumada le telefoneaba. Le hablaba de tú”, recuerda Murguía mientras remueve documentos sobre la mesa de un Vip’s al oriente de Morelia, donde reside.

Su función como chofer de la gerencia de Cascata jamás tuvo réplicas. Por eso le sorprendió que la mañana del 14 de marzo, al llegar como siempre a su área de trabajo, le dijeran que había causado baja y que a partir del día siguiente iniciaría labores en Grupo Constructor Vame SA de CV. La maniobra se efectuó sin previo aviso. 

“(…) al percatarme de la situación, pedí en repetidas ocasiones mi finiquito de Cascata, que se negaron a darme”, dice en su demanda.

Murguía decidió marcharse y volvió en repetidas ocasiones para tratar de negociar su liquidación. El 7 de abril, a las nueve de la mañana, dice que llegó confiado en que lograría un acuerdo. En las oficinas lo esperaban Miguel Juárez Álvarez y Humberto Amador Martínez. Entre los dos le notificaron que no le darían ningún finiquito. Le ofrecieron una liquidación mínima que no aceptó, y de la misma forma en que lo contrataron, le dijeron entonces que no podía trabajar más en ninguna de las empresas del grupo.

Entre tanto, el escándalo del caso Ahumada era del dominio absoluto del ciudadano común. Murguía dice que los documentos que había rescatado del basurero de Cascata adquirieron una relevancia que no les vio antes del 3 de marzo, cuando se difundieron los videos del soborno a René Bejarano. Debido a ello tardó en interponer la demanda laboral.

Todos los documentos que hoy posee, Murguía dice que los tomó por curiosidad.

“Los guardé para revisarlos, para verlos y enterarme un poquito más de las cosas. Finalmente se trataba de documentos que al parecer no eran útiles, porque iban a la basura. Y ya con el escándalo, pues estos documentos adquieren otra relevancia y me dieron otra visión y otro panorama de lo que había visto: Son unos documentos que demuestran la corrupción tanto del gobierno como de las empresas.

“La documentación es real. Vaya, tal vez tenga errores y por eso la tiraron, porque posiblemente tiene errores numéricos, de cantidades o cosas de ese tipo, pero está firmada por funcionarios. Y estos documentos demuestran y revelan que los funcionarios son gente de él (Ahumada)”, dice.

Revuelo político

Los rumores sobre la adjudicación de obra pública a empresas propiedad de Carlos Ahumada se desataron en el instante mismo de difundirse los videos en los que aparece René Bejarano recibiendo dinero. Los legisladores del PRI y el PAN obligaron a la comparecencia de Rosa Hilda Abascal, la secretaria de la Contraloría y Desarrollo Administrativo de Michoacán (Secodaem), quien deslindó de cualquier responsabilidad al gobierno de Lázaro Cárdenas Batel.

Abascal, de extracción panista, sostuvo en el Congreso que oficialmente ninguna de las obras licitadas por el gobierno se hicieron con empresas en cuyas actas constitutivas apareciera el nombre de Carlos Ahumada Kurtz. Los diputados cuestionaron con insistencia sobre supuestas preferencias demostradas en los concursos hacia la empresa Cascata, pero la contralora se evadió con argumentos judicialmente inapelables de esa y el resto de las interrogantes.

“Revisamos las empresas existentes en el padrón de contratistas del estado y no se encontraron documentos que permitan establecer un vínculo de carácter legal entre las empresas existentes en ese padrón y el referido empresario”, dijo.

Contradecir las aseveraciones de Abascal en los mismos términos legales se volvió una misión sumamente difícil, y la frustración se tradujo en una búsqueda obsesiva de los partidos opositores al gobierno de Cárdenas para demostrar la sospecha de fondo: Los favores que presumiblemente se regresaron a Carlos Ahumada por haber sido el principal proveedor de dinero en las campañas de 2001.

“El apoyo de Ahumada en la campaña del PRD es evidente”, asegura Benigno Quezada Naranjo, el dirigente estatal del PAN en Michoacán. “El asunto de fondo es gravísimo, por su carácter político y sin duda a estas alturas le está tronando el cuete en las manos”.

Quezada, a la cabeza de la dirigencia estatal del partido, llamó a cuentas a la contralora. Los detalles del encuentro se los reserva por ser de carácter interno,  pero dice que el extrañamiento fue contundente: Ella es la contralora pero no la defensora personal del gobernador.

La molestia del partido encuentra sustento en un dato que han confirmado: La figura de Antonio Martínez Ocampo, el representante legal de Ahumada, en la lista de socios principales del Cascata S.A. de C.V. .

“Hemos hallado lo que consideramos una evidencia”, dice el dirigente partidista. “Pero seguimos en busca de más”.

Quezada y el PAN no son los únicos. También los legisladores y dirigentes del PRI en Michoacán han tratado de comprobar de manera irrefutable, la pertenencia de Cascata, Vame, Falcon, Encino, Austral y un puñado de empresas más al grupo Quart, algo que nadie dentro del gobierno del estado quiere aceptar. De ellos, todos se amparan en pruebas documentadas.

“Lo que puedo garantizar es que en las actas constitutivas de estas tres empresas no hay por ningún lado el nombre de Carlos Ahumada”, se defiende Gilberto Morelos Cisneros, el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas. “Nosotros tenemos la obligación de revisar el acta constitutiva, que esté debidamente notariada, con su domicilio, su capital social, en fin, todo lo que debe tener una empresa. Pero de ahí en adelante, a nosotros no nos corresponde saber si detrás hay una o más personas, o si existen prestanombres”.

Morelos tomó posesión del cargo el 4 de noviembre de2003, después de que Alfonso Solórzano dejó la secretaría para entregarse de lleno a sus tareas como consejero nacional del PRD. El paso de Solórzano por Michoacán es ya un estigma de lo que muchos suponen un gobierno corrupto. Bajo su mando operaron en la secretaría Tito Fernández y Alejandro Balderas Méndez. A los dos se les ha señalado como operadores de Ahumada dentro de la función pública, desde sus cargos delegaciones en el gobierno de Rosario Robles. Fernández era el encargado directo de adjudicar obra pública y a Balderas se le encontró muerto los días posteriores a la difusión de los videos, lo que encumbró la suspicacia de los políticos michoacanos.

En su comparecencia la contralora dijo desconocer la relación de todos ellos con Ahumada y sostuvo que la incumbencia de la Secodaem no era aclarar las relaciones personales sino el ejercicio de la función pública.

Morales Cisneros no quiso dar mayores explicaciones al respecto, pero la única condición que fijó al gobernador Cárdenas para sustituir a Solórzano fue descabezar la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Es decir, desligarse de absolutamente todos los colaboradores llevados por su antecesor.

“Hubo una auditoria y se estableció que había un desorden administrativo, pero nada más. Ya de lo otro que se dice, la verdad no sé nada más de lo que se publica en la prensa”, dice el funcionario mientras enseña documentos de obra adjudicada bajo su administración en un afán por dejar constancia de que en ninguna de ellas aparece el nombre de Carlos Ahumada.

“No hay nada. Todo surgió de una nota de un diario nacional. Pero no hay nada, ya puedes verlo”, insiste.

Tejiendo hilos

En su demanda laboral, el chofer Antonio Murguía Ortiz reclama una indemnización por 244 mil 122 pesos con 76 centavos. Es la suma de conceptos por el despido injustificado de que se dice víctima, de las horas extras y días feriados que no le pagaron y de salarios retenidos. Pero la cantidad y la demanda misma pierden relevancia ante los documentos de prueba que presentaron ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

La primera de las pruebas que sustentan el argumento de que efectivamente fue empleado de Cascata, es un recibo de nómina girado por la empresa para cubrir la jornada del 18 al 24 de agosto de 2003. El total de percepciones es por 1, 619.00 pesos, con una deducción de 119.00, para dar un total a pagar de 1,500.00 pesos.

Para enero de 2004, los pagos se efectuaron mediante depósitos de nómina a la cuenta de cheques y ahorro que Murguía tiene en el BBVA Bacomer. Los días 5, 15 y 28 de enero se registran los pagos de nómina de Cascata SA de CV por cantidades de 1, 030.00 y 1,015.00 pesos, correspondientes a su pago semanal.

A esa misma cuenta de cheques y ahorro, en agosto de 2003, los pagos por concepto de salario se efectuaron a través de un tercero: Grupo Quart SA de CV. Los días registrados en el estado de cuenta son el 4, 11, 20 y 22 de ese mes, por cantidades iguales de 1,500.00 pesos.

El 24 de marzo de 2004, días antes de ser despedido, recibió un pago en cheque por la cantidad de 894 pesos. El documento fue expedido por Banco del Bajío, a nombre de Grupo Constructor Vame SA de CV. La autenticidad del cheque fue certificada por Hilda Navarro Skinfield, Notaria Pública Número Cinco del Estado de Michoacán.

Murguía anexa en su demanda un quinto documento, ahora expedido por la empresa Austral. Se trata de una constancia de resguardo para la camioneta pick up modelo 2002 que le fue proporcionada para sus funciones como chofer de Cascata, aunque el documento dice:
”El vehículo resguardado es propiedad de Austral SA de CV y en los términos y condiciones del presente resguardo me obligo a emplearlo de manera exclusiva para desempeñar las funciones que tengo encomendadas dentro de Construcciones Vame SA de CV”.

Austral es la compañía propietaria del parque vehicular arrendado por las constructoras Falcon, Vamey Vimarve en las obras públicas dentro de Michoacán, según consta en los documentos exhibidos por Murguía. Pero sobre todo, los análisis del reporte de rentas (equipo propio) de la Gerencia de Maquinaria, Equipo, Transporte y Taller (METT) señalan que todas esas empresas están bajo la regiduría de Grupo Quart SA de CV.

“Yo no sé si haya más gobiernos involucrados en este tipo de corrupciones. Pero lo que sí me consta es que al menos aquí, en Michoacán, las pruebas son contundentes”, dice el ex chofer.

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