Contrabando ‘legal’

El Francisco Villa es uno de 100 mercados con registro formal que operan en el municipio. Sus corredores son una réplica de todos ellos: módulos tubulares que exhiben ropas traídas del sur, desde donde se distribuye la piratería, y juguetes baratos hechos en China, que se meten de contrabando por los puentes internacionales.
 
Apresurándose por la impresión del torrente, pudiera pensarse que los 500 locatarios del mercado Francisco Villa saldrán millonarios al terminar diciembre, pero todo puede volverse una ilusión si se ven detenidamente los contrastes del negocio. O al menos es lo que dice Guillermina Zúñiga, la líder de esa plaza del suroriente de la ciudad.

“No crea que las ventas andan muy bien; en realidad la temporada pinta para estar floja. Los puestos están en realidad muy humildes, nada qué ver con años pasados”.

Zúñiga lleva 16 años de su vida consagrada al mercado, así que por mucho que pretenda disfrazar el auge del negocio, el desplazamiento de clientes en potencia, que cruzan, ven y se marchan sin preguntar al menos por el precio de los artículos, aporta credibilidad a sus palabras.

El Francisco Villa es uno de 100 mercados con registro formal que operan en el municipio. Sus corredores son una réplica de todos ellos: módulos tubulares que exhiben ropas traídas del sur, desde donde se distribuye la piratería, y juguetes baratos hechos en China, que se meten de contrabando por los puentes internacionales.

Pero nadie que ostente autoridad debe alarmarse por ello, pues Zúñiga dice que todos en el mercado realizan sus declaraciones al fisco y contribuyen a la Hacienda Pública. Y todos, también, cuentan con permisos municipales que les autorizan la venta tanto de juguetes, ropa y calzado, sin importar su origen, y también alimentos, discos compactos y películas pirata.

Las omisiones legales, que la comerciante en todo caso ve del lado de las autoridades, son sin embargo algo discrecional, que se vuelve en contra cuando entran en juego intereses que ellos no comprenden del todo.

“Este año las ventas han bajado un 50 por ciento”, estima Zúñiga con sus propias reglas matemáticas y a los números endosa deducciones que saca nomás de escuchar a quienes pasean por los locales. “Eso puedo obedecer a que la gente prefiere pagar sus deudas o ir a sus lugares de origen en vez de comprar regalos”.

Existe, sin embargo, otra razón para la humilde oferta de los mercaderes, que no deja de señalar la mujer porque, dice, es también parte del todo: “En la aduana se han puesto muy duros”.

Respalda lo dicho con datos inmediatos. Cuatro de los socios del Francisco Villa acudieron ante ella para tratar de resolver un problema de tintes graves: en el curso de la semana, cuando intentaban cruzar bolsas con 50 dólares de juguetes chinos, fueron detenidos por agentes de la policía fiscal, quienes les aplicaron multas por 75 mil pesos.

Todos hacían lo de siempre: aprovechaban la franquicia de hasta 300 dólares que suele abrirse para épocas decembrinas, pero su trayectoria de contrabandistas menores los hace reconocibles ante los ojos de los agentes.

“¿Usted cree? Simplemente nos pasaron a amolar. Por favor dígame, ¿en dónde está el delito?”.

El negocio va mal y de malas. De los siete mil pesos diarios que solía vender cada locatario apenas en el 2004, este fin de año aspiran cuando mucho a unos mil 500 pesos de venta promedio. Poco para la impresión que dejó tanta gente el fin de semana, y para la que se espera hasta que llegue la navidad.

“No se crea lo que se dice”, advierte Zúñiga. “La gente ya no compra como antes, es más selectiva”.

Otros factores se han sumado para terminar en esta casi desgracia comercial. Y es casi una desgracia comercial, porque de las ventas que se logran entre noviembre y diciembre, los comerciantes suelen aguantar la respiración hasta marzo, que es cuando reinicia el vuelo de las ventas, de cara a la primavera y el verano.

“Una de las razones puede ser también que hay muchos mercados y tianguis clandestinos, que no tienen permisos ni pagan impuestos. La última vez que hablamos con la gente de la Dirección de Comercio, nos dijeron que habían unos 16 mil comerciantes sin registro”, dice la líder del mercado.

De los mercados que incluye el padrón de esa dependencia municipal, viven unas 15 mil familias. Los inspectores han estado durante meses tratando de ubicar a los 16 mil evasivos, pero no hay éxito en puerta, dice Margarita de la Peña, la jefa del Departamento de Mercado en la Dirección de Comercio.

La suma de todos esos vendedores que con registro o sin él forman parte de la economía informal de Ciudad Juárez, es equivalente a la de los comerciantes formalmente establecidos. El registro de la Cámara Nacional de Comercio indica que en el municipio operan debidamente alrededor de 30 mil negocios.

“Lo burocrático del trámite para dar de alta un negocio, es posiblemente una de las causas por las que muchos desisten a formalizarse”, dice Rigoberto Castillo, el jefe del Departamento de Comercio Interior de la Canaco.

Castillo enumera otras causas de mucho mayor fondo: la pérdida del poder adquisitivo, los intereses políticos y la corrupción del sistema.

Todo se confirma cuando se habla con los funcionarios que forman parte de la cadena que sostiene al comercio informal.

Abdón Loya Carrillo es el jefe del Departamento de Comercio Informal en la misma Dirección de Comercio. Es quien se encarga de regular a los vendedores de menor jerarquía, aquellos que van de ambulantes o en vehículos de pedal o motor, y también a los que llegan a instalarse en un puesto de lámina o módulos que se desmontan cada día.

Dice que en su padrón están registrados 10 mil 600, pero que una cantidad similar opera sin permiso alguno. Lo que sea, cualquiera puede vender artículos de contrabando o piratas, sin que a él o la dependencia para la que trabaja, les preocupe.

“Eso no es de nuestra competencia”, dice.

Es el argumento de su vecina de al lado, Margarita de la Peña. La jefa del Departamento de Mercados se justifica igual después de una explicación que muestra el camino de la mercancía que se vende en mercados, tianguis, puestos y calles: quien quiera vender ropa o juguetes, es decir, la mayoría, no tiene porqué explicar de dónde traerá su mercancía. Ellos únicamente pagarán por el permiso temporal de un año.

“Lo otro ya corresponde a la federación, a la AFI”, dice.

Son las declaraciones que en apariencia desgastan las relación entre instituciones. Por decir eso mismo, los señalamientos se han cruzado durante años entre autoridades locales y federales, que se acusan mutuamente del volumen incuestionable de mercancía ilegal que se vende en las calles.

¿Qué dice Guillermina Zúñiga de los municipales y los federales que la llaman delincuente?

“Mire, la verdad no creo que nosotros estemos mal”, responde.

Reunidos los argumentos, hay que creerle: al final ella, y los otros 15 mil mercaderes que existen en el padrón de la Dirección de Comercio, pagan impuestos y permisos a las dos esferas de gobierno. Y en el caso de los 10 mil 600 ambulantes, fijos y semifijos, al menos cubren las cuotas fijadas por la administración pública de la ciudad.

También podría gustarte Más del autor

Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.