Condenados por un Dios millonario

El asesinato de dos niñas, en mayo de este año, indignó a una sociedad entera que parecía acostumbrada a la violencia. Ciudad Juárez vivió el luto de ambas familias, a quienes los medios de comunicación colocaron en un foro sin precedentes. Pero, entre la muerte de ambas, mediaron 15 días en los que muchos otros crímenes se consumaron. Todos ellos, igual que los miles de casos acumulados al paso del tiempo, hablan, más que nada, del subdesarrollo al que se confinó esta frontera, diseñada con el único propósito de generar fortuna.

No dejaba de temblar mientras sostenía en sus manos una fotografía con el rostro de su hija desaparecida, de siete años. Rubí Pando se abrazaba, el viernes seis de mayo, a la esperanza como pocas veces se había conocido. Apenas el lunes anterior, un desconocido había raptado a la niña cuando caminaba frente a una tienda de abarrotes, a dos calles de su casa, en una colonia del suroriente de Ciudad Juárez llamada Universidad.

Era un episodio dramático en la vida de esa mujer de 37 años. Con un embarazo de siete meses, Pando confió en los consejos de un reportero de televisión, quien le invitó a ser protagonista en una oración pública para pedir por el regreso de Airis Estrella.

Así fue como acudió a un espectáculo que buscaba, por sobre todo,  grandes audiencias en el arranque de una competencia mediática cargada de morbo. Las posibilidades de hallar a la menor con vida se desvanecían, según los criterios criminales efectuados por la policía, y de hecho, 10 días más tarde, se sabría que para entonces la niña estaba muerta.

Airis Estrella, de siete años, había sido ultrajada a dos días de su secuestro, y después asesinada a golpes. Los homicidas echaron el cuerpo a un bote metálico de 200 litros y vertieron sobre él una mezcla de cemento y arena para luego abandonarlo en una choza de cartón, a mitad de una ranchería en el extremo poniente de la ciudad, en donde se crían cerdos.

Fue una noticia estrujante a pesar de que se le esperaba. Y no llegó sola: 24 horas después, otra niña de 10 años llamada Anahí Orozco Lorenzo murió de manera similar. Ella cuidaba de su hermana de año y medio cuando fue atacada por el padre de otra menor de tres años, a quien también atendía, porque las madres de todas trabajaban un segundo turno en la maquiladora.

El hombre la violó, y mientras lo hacía obstruyó la boca para sofocar los gritos. Al terminar, Anahí no respiraba. Entonces envolvió el cuerpo en el colchón de la cama para prenderle fuego y disfrazar el homicidio. Al final, su propia hija dio las claves para que fuera arrestado.

Ese martes 17, también, las autoridades levantaron de un baldío el cuerpo de un recién nacido. Horas más tarde identificaron a la madre que lo estranguló: una adolescente de 16 años que fue embarazada tras una violación. No quería al niño, dijo, y por eso se deshizo de él.

Ocurrieron más hechos brutales esos días.

Entre el lunes dos de mayo, cuando se llevaron a Airis Estrella, y el martes 17 en que ocurrió el homicidio de Anahí, una joven madre de familia, de 20 años, fue apuñalada hasta morir después de sufrir una violación. Otra mujer de 22 años, maestra de primaria, desapareció mientras buscaba trabajo en el centro de la ciudad. Y en la secuela de ambos crímenes, la policía municipal dejó libre a un sujeto que intentó violar a dos niñas que jugaban frente a sus casas, en una colonia del poniente.

Las horas siguientes, un niño de cinco años murió al incendiarse la casa de cartón donde vivía encerrado con dos hermanas suyas, mientras sus padres trabajaban. El día después, otras tres mujeres, dos de ellas menores de edad, fueron violadas dentro de sus hogares.

La contundencia criminal fue un duro golpe para las autoridades. No se trató de un suceso puramente delictivo, sino de la racha que desnudó a una ciudad vestida para no verse grotesca.

“Cuando parecía que se había logrado con la coordinación federal, estatal y municipal la disminución de las cifras (de homicidios), resulta que el terror estaba todavía vigente en las calles y en las plazas”, dice Guadalupe Morfin Otero, la comisionada Para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en Ciudad Juárez.

Parece sorprendida, aunque conoce como pocos los elementos causantes de la violencia. Morfin dicta números que perdieron efusividad en cuestión de horas, y que tanto a ella como a otros muchos funcionarios, le infundieron cierto grado de optimismo hasta antes de mayo. Entre julio del 2002 y julio de 2003, 34 mujeres fueron asesinadas en el municipio. Esa cifra se redujo a 14 para julio del 2004. Pero nada se sostiene en una ciudad desfondada.

Los homicidios de Airis Estrella y Anahí Orozco se relacionan con el asesinato de la joven madre de familia, el rapto de la maestra, el estrangulamiento del recién nacido, las violaciones, el incendio que mató al niño de cinco años y la corrupción de los policías. Más allá de la violencia particular de cada caso, todos encuentran un mismo origen: el subdesarrollo.

II

La calle Chocholtecas, en la colonia Luis Olague, es en realidad un arroyo por el que solamente escurre agua cuando llueve. Gabriela Lorenzo González, de 33 años,  llegó unos meses antes y se instaló en la casa número 7113. Llegó con sus hijas Anahí y Salma, proveniente de Minatitlán Veracruz.

Veló como pudo por la seguridad de ambas, dijo tras el homicidio de Anahí. Mucho más cuando se enteró, como casi la ciudad entera, del drama de Rubí Pando y Airis Estrella. Por eso siempre que salía rumbo al trabajo, al medio día, dejaba instrucciones precisas a la mayor de sus hijas.

“Si yo la cuidaba de la calle, ¿porqué vinieron y me la mataron en la misma casa?”. Fue la pregunta que lanzó el día de los funerales, pero nadie le respondió hasta hoy.

Como obrera de una maquiladora, Gabriela tenía derecho a una guardería para Salma, pero la demanda de sus horarios y la falta de transporte hicieron imposible la adopción del servicio. En la zona donde vive, junto a la mitad de los habitantes de la ciudad, ninguna institución pública opera una estancia infantil. Así que las condiciones de Gabriela, son también la realidad de miles de mujeres.

“Estos sucesos nos muestran de manera muy precisa ciertas carencias”, dice Luis Felipe Siqueiros, el director, hasta agosto de este año, del Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ciudad Juárez. “Tenemos el caso de pequeños que cuidan de pequeños, de madres que no tienen dónde dejar a sus hijos, y tenemos un gran número de mujeres trabajadoras en la ciudad sin alternativas para que sus hijos sean atendidos a través de guarderías”.

La cantidad de mujeres con un empleo formal en el municipio es de 200 mil, de acuerdo a informes del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI). Al menos 50 mil de los hijos de todas ellas demandan un servicio de guardería, pero existen miles más que no tienen derecho a esa prestación debido a la condición laboral de sus madres.

Hasta el 2004, Ciudad Juárez contaba con cuatro estancias infantiles operadas por el IMSS, una del ISSSTE y tres del CENDI. Entre guarderías participativas, privadas y de origen social, el municipio cuenta con capacidad de atención para seis mil 620 menores.

La falta de guarderías es apenas un ejemplo de ausencias que matan.

La tarde del lunes dos de mayo, Airis Estrella se divirtió en unos videojuegos, en el interior de una tienda de abarrotes situada a la vuelta de su casa, en el 7234 de la calle Átomo. Al salir del local sostuvo una disputa con otros niños y decidió caminar con rumbo hacia un arroyo que cruza dos cuadras abajo. Fue ahí, frente a una segunda tienda de abarrotes, que fue raptada.

La colonia Universidad es peligrosa. Se trata de una zona invadida por pandilleros dedicados a vender droga. Un lugar que ningún desconocido puede cruzar sin molestias. El control de pandilleros y policías corruptos es tanto, que la estadística delictiva es increíble: cuatro intervenciones por alteración del orden, dos riñas campales, cuatro llamados de auxilio por riñas familiares, un herido con arma blanca y cuatro reportes de riña simple. Todo eso durante mayo.

Pero ahí, lo mismo que en la colonia donde vivió Anahí, en el extremo poniente de la ciudad, la miseria fija condiciones que desatan la violencia social y provocan fenómenos delictivos que excepcionalmente se ven en zonas residenciales.

Los niños como Airis Estrella y Anahí, por ejemplo, carecen de áreas verdes para jugar. La proporción de parques de una ciudad como Hermosillo, en Sonora, es 35 veces mayor a la de Juárez, que cuenta el doble de población. En total, la ciudad tiene menos del 5 por ciento de áreas verdes recomendadas por urbanistas, y ninguna de ellas se localiza en las colonias de la clase obrera.

No es un problema menor. Un reporte reciente difundido por el Centro de Integración Juvenil indica que en el municipio la mitad de los estudiantes de primaria han fumado tabaco, y 10 por ciento de ellos desarrollaron adicción a la nicotina antes de cumplir nueve años. Los índices de consumo de alcohol son menores, pero igualmente preocupantes: 25 de cada 100 infantes ha probado cerveza.

Las condiciones sociales y familiares son una influencia decisiva en la vida de los juarenses menores de edad.

“Sin duda el entorno marca la vida de todos estos niños”, dice Martha Chávez Rodríguez, la directora de la primaria federal Ricardo Flores Magón, ubicada en la más emblemática de las zonas marginales de la ciudad, la colonia Puerto Anapra. “La mayoría son niños de madres solteras o padres divorciados, que viven hacinados, en contacto con la promiscuidad y el consumo desmedido de tabaco, alcohol y otras drogas. Y la conducta de una mayoría, es la de un niño de la calle, un niño que se siente libre y que desde luego tiene un concepto vago de lo que es libertad”.

La primaria debiera ser un observatorio social. Fue abierta hace 23 años, casi los mismos que tiene la colonia, y a través del tiempo sus maestros han visto crecer la línea de la deserción y de fenómenos que parecen imparables en una realidad como esa: embarazos de niñas menores de 11 años, niños que se convierten en padres antes de llegar al sexto grado, violaciones sexuales en sus propias casas y homicidios de muchas de sus madres o hermanas mayores, que no pasaron nunca de los 30 años.

“Sin duda existe una estrecha relación entre el entorno en el que se desenvuelven los jóvenes y las familias, y el grado de delincuencia, de inseguridad, de agresividad que se pondera en una sociedad”, explica Luis Felipe Siqueiros, el ex director del IMIP.
“En ciudad Juárez tenemos una gran desatención en cuanto a una gran parte de los elementos básicos para un desarrollo integral. En términos educativos, por ejemplo, tenemos un déficit cualitativo y cuantitativo, tenemos el mayor numero de alumnos por maestro en el estado y de alumnos por escuela. Tenemos graves deficiencias en cuanto a las propias instalaciones”.

La educación como punto sensible del desarrollo social, es notablemente escasa. El municipio promedia un nivel académico de 7.5 grados. En las zonas donde vivieron ambas niñas, el nivel de escolaridad promedio oscila entre cuarto y quinto grado, de acuerdo a los estudios del IMIP.

En proporción a su número de habitantes, que ronda el millón y medio, el municipio cuenta con menos del 16 por ciento insertado en el nivel primario de educación, dos puntos menos que los fijados por la Secretaría de Desarrollo Social como requerimiento mínimo.

Ese porcentaje decrece conforme sube el grado académico, y la fragilidad académica es clara si se compara con la segunda ciudad más poblada del estado, Chihuahua.

Proporcionalmente, la ciudad de Chihuahua tiene 38 por ciento más de alumnos en nivel secundario, 63 por ciento más en bachillerato, 117 por ciento en profesional y un apabullante 240 por ciento más en postgrado.

El subdesarrollo educativo hermana con el resto de los atrasos sociales. Durante medio siglo, el municipio, que genera el 60 por ciento de la riqueza del estado, ha sido el más pobre en retribuciones y distribución del gasto sectorial gracias a fórmulas de distribución que para muchos empresarios y políticos locales resultan inadecuadas.

En Ciudad Juárez residen cuatro de cada 10 chihuahuenses y se concentra el 74 por ciento de los inmigrantes que llegan al estado. Pero esa carga no pesó en los años recientes y la repartición sectorial del gasto que elaboró el Gobierno del Estado le dejó con menos porcentaje que la ciudad de Chihuahua, que mantiene una población 50 por ciento menor.

Un solo año, el 2001, el gasto fue notablemente superior a favor del municipio, con más del doble que la capital. Sin embargo, fue por cuestiones políticas: ese año se renovaron Congreso y alcaldías, y Juárez era la única ciudad importante gobernada por el Partido Acción Nacional.

“El hecho de ser pobres no implica que tengamos que ser sujetos pasivos del delito, pero creo que en muchas ocasiones la pobreza concede oportunidades a los transgresores de la ley”, dice Flor Mireya Aguilar Casas, la Subprocuradora General de Justicia en la Zona Norte del Estado.

“En el caso concreto de Anahí, hay una serie de componentes que me resultan bastante extraordinarios o quizás sean muy ordinarios en una ciudad como esta: hay una madre que se va a trabajar, una madre que tiene derecho a una guardería pero que por una serie de circunstancias no lo hace y, entonces, el homicidio se da de una manera violenta”.

III

Juárez es el municipio con el mayor porcentaje de mujeres como jefas de familia. Sin embargo, desde el origen de ese nuevo orden social, 40 años atrás, ninguna autoridad se encargó de planear su desarrollo.

“Aquí las mujeres trabajan en promedio dos horas diarias más que el resto de las mujeres de la república, y eso se debe en parte a las rutas del transporte público que tardan mucho en llevarlas a sus sitios de empleo y a sus hogares”, dice la comisionada Guadalupe Morfin Otero.

“Juárez es una ciudad en donde no se previó crear una infraestructura de seguridad para el tránsito de las mujeres y sus familias, y (tampoco) un equipamiento urbano. Al hablar de infraestructura de seguridad me refiero a las vialidades seguras, iluminadas, sin riesgos; a espacios públicos dignificados, habitados por la ciudadanía, sin miedo y sin temor; lugares de encuentro con el otro, lugares de socialización”.

Morfin lleva año y 10 meses al frente de un organismo creado, entre otras cosas, para congregar esfuerzos destinados a recomponer el tejido social. Algo que no ha ocurrido, o que al menos no se traslada al municipio de manera visible. La comisionada entiende que en la violencia contra mujeres y niños existe un trasfondo miserable, y es ahí donde nadie quiere detenerse para reunir las piezas del enorme rompecabezas urbano.

“Si sólo hablamos de que es discriminación por género nos quedamos con la explicación incompleta. Es por género y por condición socio-económica. Por ser mujeres y por ser mujeres pobres”, dice cuando habla de los homicidios de Airis Estrella y Anahí Orozco, y el de todas las víctimas de mayo, incluidos los niños.

“No han aparecido entre las victimas, salvo algún caso excepcional, alguna persona con recursos. Pero las victimas son en su inmensa mayoría mujeres pobres, o niñas pobres; estamos hablando entonces, cómo dice Clara Eugenia Rojas, académica de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, de una matriz de opresión que tiene varios apartados por genero, por etnia, por migración, por status económico. De varias exclusiones estamos hablando”.

Es una realidad difícil de revertir, a juzgar por varios indicadores. El primero de ellos tiene que ver con el dinero.

Del 2000 al 2003, la inversión directa de capital extranjero, boyante hasta entonces, se redujo casi 50 por ciento. La tasa de desempleo en el municipio creció del 0.7 al 2.0 por ciento. En ese mismo periodo el municipio perdió 67 mil empleos en la industria maquiladora, y el IMSS dio de baja a 98 mil asegurados. En suma, 1 de cada 6 trabajos perdidos en México ocurrió en Ciudad Juárez. La crisis dejó de generar más de 60 mil empleos, que hasta hoy no se han recuperado.

Estos números configuran un futuro peor, con mayor pobreza, subdesarrollo y asesinatos como el de las dos niñas.

Hace poco fue inaugurado el fraccionamiento Riberas del Bravo. Las dos mil 500 casas que lo conforman, son tan diminutas que en su recibidor no cabe un sofá de tamaño normal y en la recámara apenas encuentra espacio una pieza matrimonial. Tienen menos de 75 metros de construcción en dos niveles, sobre terrenos de 120 metros. Todas las casas se ordenaron en fila. No hay árboles ni zonas verdes. Son el tipo de fraccionamientos que definen el rostro urbano de la ciudad.

La causa por la que ese fraccionamiento será un nuevo paradigma la explicó José Luis Garza, el subdelegado local del Infonavit, en una entrevista que concedió en junio para presumir el complejo: el 87 por ciento de los trabajadores con derecho a un crédito ganan menos de tres salarios mínimos.

Hace apenas seis años el porcentaje era distinto. El IMSS estimó en 1999 que en el rango de uno a tres salarios se hallaba el 60 por ciento de los asalariados. Esa drástica caída del ingreso tiene repercusiones que pueden medirse, dice Ernesto Moreno, el director del DIF municipal.

“La mayor parte del presupuesto que manejamos es para paliar los saldos negativos de la desintegración familiar”, explica. “Aunque, bueno, eso de curar los saldos es un decir porque apenas somos una aspirina para un enfermo de cáncer. El nombre de Desarrollo Integral de la Familia nos queda grande”.

La omisión de cuidados, el abuso físico, emocional y sexual de los infantes, ha crecido en los registros de la dependencia desde 1999. La base de ello se relaciona con los datos emanados del Infonavit: el bajo nivel de ingresos incide en divorcios y separaciones de parejas, y obliga a abandonos y encierros temporales que cuestan la vida, como el de Anahí Orozco, o el del niño Irving Ramírez Meza, que murió en el incendio que se produjo en su casa, donde vivía encerrado junto con sus dos hermanas, también niñas, porque sus padres trabajaban en un mismo turno.

“Hay que trabajar en el desarrollo social”, dice Guadalupe Morfin Otero. “Como coordinadora federal me toca decir que ese es el compromiso, aquí, de lo que decía el presidente Fox: invertir en seguridad para mujeres, dignificar espacios públicos, que no queden como territorios para bandas de tráfico de armas, de tráfico de drogas”.

Airis Estrella dormía en un rincón acondicionado como recámara privada, dentro de la humilde vivienda de su madre. Hasta el día que se supo de su muerte, sobre el colchón podía verse su mochila con los útiles escolares. Su casa no es única: hay 100 mil iguales, que requieren de dignificación, igual que el 60 por ciento de la ciudad.

Para ser precisos, el IMIP calcula una inversión imposible: 3.5 billones de dólares. Una cantidad que nadie desperdiciaría en un municipio concebido justo para lo contrario: hacer fortuna a costa de vidas humanas.

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