Bajo el signo de la violencia

Los empresarios de Ciudad Juárez viven prisioneros del crimen. Más de 30 mil denuncias por delitos patrimoniales habrán de presentarse este año, una estadística que lejos de disminuir, aumentará con el tiempo. ¿Qué elementos alientan un escenario así? Ellos mismos responden: la impunidad y el narcotráfico.
 
Hace tres años, cuando inauguró su negocio de servicio y artículos para teléfonos celulares, Armando Acosta Auki abrió sin saberlo las puertas de su infierno.

Por siete años hizo lo mismo como ambulante, así que establecerse en un pequeño centro comercial fue, para él y su esposa, el ascenso lógico al circuito de los pequeños empresarios.

“En la calle nunca me pasó nada”, dice sentado en un rincón del local, como prisionero que espera la muerte. “Quién iba a decirme que ganarse la vida honradamente es algo peligroso”.

Acosta Auki, de 31 años, tiene abierto un juicio por homicidio. El lunes 3 de julio, pocos minutos después de las 10 de la mañana, disparó en tres ocasiones a un sujeto que intentó asaltar su negocio.

Víctor Rangel López, de 30 años, ingresó al establecimiento portando una navaja y una pistola de postas. Amagó a una empleada que bebía agua y amenazó con matarla si no lo obedecían.

Había instrucciones para que nadie con perfil de drogadicto entrara al establecimiento, cuya puerta eléctrica permite esa selección. Sin embargo, por cuestiones de criterio, uno de los trabajadores la abrió.

“Yo estaba en la parte de atrás cuando escuché gritos y mi esposa me tocó el hombro para decirme que nos estaban asaltando. Vi el monitor y me di cuenta que amagaba con un arma a la empleada”, dice Acosta, que entonces tomó su revolver de calibre .22 y se levantó dispuesto a confrontarlo.

Un año antes, en julio de 2005, dos hombres de un aspecto similar al de Rangel penetraron al local y sorprendieron a todos para llevarse teléfonos y tarjetas con un valor cercano a los 50 mil pesos.

Antes reunieron a Acosta Auki, su esposa y los dos empleados, en la parte trasera del establecimiento que es de una sola pieza, divida en dos por un panel. Los obligaron a tirarse bocabajo y les encañonaron la cabeza durante unos cinco minutos que duró el atraco.

Los dos asaltantes huyeron a pie y en un arranque que el mismo Acosta Auki considera estúpido, salió en su persecución. Los encontró abordando un auto estacionado a la vuelta, pero detuvo su loca carrera de súbito, cuando le soltaron un par de balazos.

“Eran personas que no sabían nada, drogadictos”, dice refiriéndose a la mala puntería de su agresor, pero también a la enorme tensión que vivieron gracias al miedo de los asaltantes.

La historia judicial que siguió a ese hecho ha sido decepcionante. Cuatro días después de ocurrido, los dos sujetos fueron sorprendidos por la policía tras consumar otro ataque en una tienda Oxxo. Uno quedó libre y el otro está por salir.

Los dos amenazaron a Acosta Auki, el día de los careos. Uno de ellos despojó a su esposa de la licencia de manejo y sabe el domicilio privado del matrimonio, y obviamente el lugar en que trabajan.

“No hay ninguna garantía contra los delincuentes cuando uno actúa de acuerdo a su responsabilidad como víctima”, dice el empresario.

La experiencia lo llevó a extremar medidas. Apenas pudo, adquirió un sistema de circuito cerrado, con tres cámaras y un monitor, y contrató los servicios de una agencia de seguridad, que dotó de alarmas y censores al negocio.
La selectividad ordenada por Acosta Auki se mantuvo flexible, pero siempre que algún “sospechoso” estaba adentro, uno de los cuatro salía con un celular en la mano para llamar a la policía en caso de asalto.

“Modificamos muchas cosas, rutinas, pero de todas maneras yo seguía intranquilo, siempre tenía esa idea de que algo iba a pasar”.

La zozobra lo llevó entonces a buscar a uno de sus amigos y encargarle la compra de una pistola. “40 mil pesos no valen una vida”, dice Acosta Auki, pero el miedo era insoportable.

Por eso dice que a la hora en que Víctor Rangel López sostenía por los cabellos a su empleada, no tuvo consideraciones.

“Ese día me levanté con ganas de trabajar, no de matar a una persona”, dice. “Pero él le tenía puesta la pistola en la cabeza y yo no podía decirle a la mamá que le mataron a la hija cuando yo pude haber hecho algo”.

Al verlo, Rangel lo apuntó con su arma de juguete y Acosta Auki disparó sin mucha conciencia:

“Yo creí que en dos ocasiones (había disparado), pero nunca supe si le di, porque seguía de pie, viéndome. No sabía que la pistola que traía él era de mentiras y tampoco tengo experiencia disparando, como los policías, así que no sabía muy bien lo que pasaba”.

Entonces se desplomó, Rangel, y Acosta Auki dejó a cargo de todo a su esposa y los empleados, porque él huyó caminando, con rumbo a su casa, para después irse a la de sus padres, en El Paso.

Desde allá mantuvo comunicación durante cinco días con su mujer, a través de Internet, y contrató los servicios de un abogado que lo enteró sobre el término de la flagrancia y las posibilidades de enfrentar el juicio en libertad.

“No pensaba en nada, solo en que llegaría la policía y me llevarían detenido durante días; y yo no estaba dispuesto a vivir todo eso, cuando fue alguien el que llegó armado a mi negocio para asaltarme”, dice.

El establecimiento de Acosta Auki es pequeño, no más de 50 metros cuadrados. Hay algo de ostentoso en mostradores y paredes, porque parte del negocio es vender. Pero un buen porcentaje de teléfonos son de muestra y los artefactos son más que nada artículos baratos.

La empresa les da para vivir sin demasiados contratiempos, pero nada más. Sin embargo, es lo más parecido a una bóveda de alta seguridad.

La entrada principal es eléctrica y de allí se ingresa a una jaula de metal, dotada también de cerradura a control remoto. Una puerta debe cerrarse antes de que la otra pueda abrirse, igual al mecanismo de entrada de muchos bancos.

Además de las tres cámaras de circuito cerrado, que cubren un área menor a 20 metros cuadrados, hay censores de luz infrarroja y botones de alarma monitoreados desde un centro de seguridad privada. Y Acosta Auki ha vuelto a comprarse un revolver.

La incertidumbre no se esfuma, pese a todo.

“He caído en la paranoia”, confiesa. “Y he comenzado a tener pesadillas. Todo esto es absurdo, porque no debería ocurrir. Pero hay demasiadas lagunas legales y muy poco interés en la policía, que nos obligan a estos extremos”.

EL DÍA QUE SUFRIÓ EL ATENTADO, OTROS TRES comerciantes enfrentaron robos con violencia. Los delitos patrimoniales son de hecho el gran apuro de las autoridades, que al cierre del primer semestre de 2006, acumulaban 17 mil 545 expedientes por esa causa.

Acosta Auki, que se declara un lector compulsivo de noticias y análisis políticos, sabía de algunas historias funestas, de entre esos miles de casos.

Se enteró, por ejemplo, del asesinato a mitad de un asalto que sufrió Fidel León, en su farmacia de avenida de Los Aztecas y boulevard Zaragoza, y también de la misma suerte que corrió José Amador Pinales, cuando hacía sus tareas como subgerente en una sucursal de Súper del Río, en el mismo boulevard y calle Piña.

La inexorable marcha de las denuncias nacidas del robo y el asalto ocurre en un marco peculiar que tampoco se combate, el narcotráfico, dice el responsable de una recién formada comisión de seguridad dentro del Consejo Coordinador Empresarial de Ciudad Juárez, Reynaldo Domínguez.

“Hay una cuestión muy clara, y es que hay una pelea muy fuerte por el control del narcomenudeo”, dice como referencia a lo que expondrá como origen de todo. “Estimamos que debe haber entre 130 mil y 150 mil personas con adicción, y son quienes se convierten en delincuentes y desatan esa ola delictiva que va creciendo”.

El control del mercado de la droga tiene otras consecuencias, como el de la corrupción policíaca y el exterminio vinculado a su dinámica. Pero, dice Domínguez, los narcotraficantes no atentaron hasta hoy de manera directa contra los empresarios o sus negocios.

Como sea, la operación de esquemas viciados ha influido al sistema judicial. La impunidad, señala el representante empresarial, es probablemente el mayor desafío que enfrenta la sociedad en su conjunto, pues la principal herramienta para inhibir el delito, que es la denuncia, comienza a dejarse de lado.

Es un escenario preocupante para ellos. La creciente adicción, la violencia que genera el negocio del tráfico y los altos niveles de corrupción policíaca e impunidad que se factura al sistema judicial, son propicios para que llegue la amenaza mayor y más temida por los empresarios: el secuestro.

“Las inhibiciones, que no existen dentro de nuestro sistema judicial, dan pie a que esto crezca y crezca”, dice el presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Gabriel Flores Viramontes.

Como cabeza también del Consejo Coordinador Empresarial, Flores Viramontes anunció, la primera semana de octubre, que el bloque de empresarios locales se adhería a otros consejos fronterizos para respaldar acciones drásticas que habían tomado industriales y comerciantes de Tijuana, donde este año la comisión de 80 secuestros frustró proyectos de inversión.

“Las inversiones extranjeras en la ciudad de Tijuana y sus alrededores se han desistido no por el narcotráfico, sino por el secuestro”, dice el presidente de la Canacintra. “Las circunstancias son muy diferentes entre Juárez y Tijuana, pero tenemos que mostrar solidaridad con un frente común en toda la franja”.

Los empresarios de las ciudades fronterizas aportan casi la tercera parte del Producto Interno Bruto, con el 27 por ciento. Es una riqueza mayúscula que, dice Flores Viramontes, les da permiso de exigir o comandar acciones de boicot contra los gobiernos, cualquiera que sea su nivel.

Matizando ese ambiente delictivo, un par de sucesos llegaron también a ponerle nervio a sus reclamos de seguridad.

A MEDIADIOS DE OCTUBRE, LA HIJA DEL DOCTOR Carlos Ponce Torres, quien fue alcalde de la ciudad 15 años atrás, fue secuestrada y por su rescate los criminales exigieron 200 mil dólares.

Verónica Ponce Cantú, casada con el ganadero Orlando Bustillos, fue una víctima que recordó pasajes de una guerra de exterminio iniciada por agentes judiciales de Chihuahua hace más de una década, cuando hombres y mujeres de familias pudientes se convirtieron en objetivos de organizaciones basadas en Sinaloa.

Su caso fue resuelto una semana después del asalto, con un saldo favorable, si es que el término cabe: ella ilesa y sus secuestradores capturados y enviados a prisión. Pero la suerte no estuvo del lado de otro hombre conocido, el comerciante de muebles Roberto Calvo Fuentes.

Notable también por haber dictado cátedra en la Universidad Autónoma de Chihuahua, Calvo fue sorprendido mientras se trasladaba a una reunión, la primera semana de agosto. Sus secuestradores establecieron contacto con la familia el día 8, para exigirles 2 millones de dólares a cambio de su libertad.

El cuerpo del empresario fue descubierto el 25 de ese mismo mes, con un tiro en la nuca. Tenía tres semanas de haber muerto, pero aún así los criminales mantuvieron la negociación hasta las horas previas al hallazgo.

Ambos casos, dice el comisionado de seguridad del Consejo Coordinador Empresarial, revelan un par de verdades: la primera, que los grupos de secuestradores no han retornado a Chihuahua y, segundo, que los esquemas de seguridad impuestos por el estado funcionan todavía.

“Esto nos marca algo desafortunado, sin duda, pero también nos indica que no han llegado los secuestradores a la ciudad, en parte desalentados por la gente que está a cargo de este tipo de delitos, porque en estos casos actuaron gente sin experiencia”, dice Reynaldo Domínguez.

Pero otros sucesos quizá menos evidentes, han puesto en marcha la preocupación de los empresarios.

La noche del 5 de septiembre un grupo de agentes y altos mandos de la Agencia Estatal de Investigaciones fueron sorprendidos departiendo con supuestos asesinos a sueldo y traficantes de droga, en una de las calles del fraccionamiento Tecnológico.

Dos fotógrafos y una reportera que acudieron en atención de una queja de vecinos, fueron atacados por varios sujetos del grupo, entre ellos Jorge Manuel Villegas Esparza, el jefe operativo del Grupo Especial Antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

“Eso es algo que nos inquieta demasiado”, dice sobre el tema el presidente de la Cancintra. “Nosotros hicimos un llamado a las autoridades para que se aplique un castigo, porque saben perfectamente quiénes son, saben perfectamente bien por la balística que ellos fueron y saben perfectamente bien en dónde localizarlos.

“Y hay que hacerlo (aprehenderlos), porque no sabemos lo que se esté planeando. Es verdad, ahorita estamos exentos de secuestros, pero no sabemos si lo vamos a estar dentro de un año o dentro de unos meses”.

No es el único caso de un agente antisecuestros inmiscuido en acciones criminales. En mayo de 2003, Martín Valenzuela encabezó las investigaciones para esclarecer el secuestro y posterior asesinato de un niño de 9 años, llamado Ricardo Aquino Olivares, siendo que él mismo ideó el crimen.

La podredumbre, sin embargo, no es algo privativo de los cuerpos de seguridad públicos. Entre 1997 y 1998, la consumación de varios secuestros de notables puso en alerta máxima tanto a autoridades como empresarios. Juntos idearon un esquema de seguridad que osciló entre lo público y lo privado.

Con la creación de una división de seguridad personal, compuesta por agentes y ex agentes de policía, se abrió un híbrido que a la vuelta de nueve años se mantiene bajo un control estatal bastante frágil.

Los grandes empresarios de Chihuahua y Ciudad Juárez cuentan para su protección con alrededor de 50 grupos de seguridad, que en teoría se sujetan a las normas de cualquier otro agente de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Pero una buena porción de ellos tiene antecedentes criminales o no pasan los controles de dopaje aplicados por las autoridades, aunque eso no se divulgue.

“Bueno, las necesidades están y estos cuerpos de seguridad son de alguna manera necesarios. Y muchas veces, y se lo digo con mucha franqueza, se prefiere muchas veces a alguien que esté conectado, por si sucede cualquier contingencia”, dice Flores Viramontes, en algo parecido a un ejercicio de autocrítica.

“Sabemos cómo está perfectamente la cosa y, está mal que se lo diga, pero esa es la realidad. Muchas veces nosotros somos cómplices de esto, sin embargo, sucede porque definitivamente necesitamos una reforma a fondo de lo que son nuestras instituciones cruciales, que imparten justicia”.

Las operaciones y pasado dudoso de algunos de los agentes “E”, que son los que procuran seguridad a los empresarios, tiene sus paralelos con la propia operatividad del Grupo Especial Antisecuestros. La línea dura de ese grupo, que mantuvo en un nivel de eficacia casi absoluta la resolución del delito, es legendaria.

Pero de medio centenar de agentes que integraban ese grupo, todos quedaron fuera y sus jefes máximos fueron ejecutados, incluido su creador y comandante supremo, Francisco Minjárez Ramírez, en septiembre de 2003.

“Ahora aplicamos métodos nuevos”, dice el jefe de la Oficina Antisecuestros en la Zona Norte, Luis Oscar Domínguez. “La confesión ha dejado de ser una prueba en nuestras investigaciones y hoy nuestros agentes son sociólogos, criminólogos y abogados”.

Domínguez reconoce, sin embargo, que la ausencia de secuestros es insólita para un estado rodeado de entidades donde esa industria criminal causa estragos, como Sonora, Baja California, Coahuila y Sinaloa. La causa primordial, dice, son justo los agentes E y sus métodos descuidados.

Pero en torno a esos círculos que se estrechan sobre los más poderosos, la amenaza queda para los empresarios de menor jerarquía.

Hace un año, el presidente de la Unión de Yonkeros Fronterizos, Héctor Lozoya, dijo que algunos de sus agremiados comenzaban a denunciarle el acoso de criminales. De secuestros entre esa clase de negociantes de mediana estatura, Domínguez dice que no hay registros.

Lo que hay, dicen los representantes de organismos empresariales, es un aumento desorbitado de robos y asaltos violentos, lo que ha puesto sobre el escenario una nueva forma de hacer negocios: la venta de seguridad o de todo aquellos que la procure.

En la delegación local de la Cámara Nacional de Comercio, unos 120 socios se dedican al comercio de cámaras de circuito cerrado, alarmas y seguridad personal. Ellos tienen un crecimiento notable respecto a otros giros, sobre todo también porque la realidad no concede alternativas.

Reynaldo Domínguez, el comisionado de seguridad del Consejo Coordinador Empresarial, funcionario también en la Canaco, dice que ellos son los principales promotores para que los socios que mueven más de 25 mil pesos diarios en transacciones, contraten servicios de seguridad privada.

“Ahora el comerciante no puede decir ‘yo pago mis impuestos y que el gobierno me dé seguridad’. Eso ya no basta”, dice. “Aquí dentro de la cámara asesoramos a los comerciantes, los sentamos junto con los policías, los comandantes, para establecer estrategias y que no sean robados con la frecuencia que se está dando”.

Es una metodología que no ofrece resultados sorprendentes, a juzgar por el comportamiento estadístico. Y Domínguez lo sabe muy bien. El problema de fondo, el que él, a través de un primer diagnóstico ha ubicado, es el alto nivel de adicción que existe en la ciudad.

“Desgraciadamente el narcomenudeo hace que se disparen los delitos del fuero común, y muchos de esos casos terminan en asesinato. Y aquí la cuestión es cómo un delito del fuero federal se convierte en un activador del delito común”, explica.

VÍCTOR RANGEL LÓPEZ, EL INDIVIDUO AL QUE MATÓ Armando Acosta Auki en su negocio de telefonía celular, tenía poco de haber sido deportado de los Estados Unidos. Llegó a la ciudad y conoció a la que sería su mujer, la hermana de un vendedor de drogas de la colonia Melchor Ocampo.

El 3 de julio, la mañana en que penetró al negocio para asaltarlo, seguramente tenía necesidad de dinero, dice Acosta Auki. Es una especulación, acepta, pero las circunstancias le conceden algo de razón.

Los que sí fueron por dinero para luego comprar droga son los dos sujetos que lograron asaltar su negocio, un año antes, en julio de 2005. Sin embargo, por la poca práctica que hay en la ley, jamás pudo fincárseles cargos por más nada que un intento de asalto, y no en contra de la empresa de Acosta Auki, sino de la sucursal del Oxxo.

“Cuando los reconocí y acudí a fincarles cargos, dije al Ministerio Público que quería acusarlos de intento de homicidio, porque uno de ellos me tiró a matar, y la bala ahí quedó incrustada en la pared. Pero me dijeron que no, porque no puse la demanda a tiempo. Y luego les dije que no soltaran al otro, porque debían fincarles cargos por portación de arma de fuego, y me dijeron que si quería fuera al Ministerio Público Federal, porque eso es delito que no les compete… Todo es bastante desalentador”, dice.

Acosta Auki espera que una segunda instancia judicial lo libere del cargo de homicidio, que busca la mujer de Rangel. No sabe qué pasará. Y vive intranquilo porque sabe que pronto saldrá el primero de los asaltantes, el que quiso matarlo y posee la licencia de su esposa. Vive amurallado, vigilando en todo momento y conteniendo la respiración siempre que llega “alguien sospechoso”.

–¿Quién es un sospechoso?
–No sé, la verdad. Puedo decir que un cholo, pero en ocasiones los asaltantes llegan vestidos con traje.

El empresario es uno de muchos que lidia todos los días con demonios reales, en su propio infierno, dice él mismo resumiendo su vida.

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