Ahogarse sin agua

Por años, el agua fue una poderosa herramienta política en tiempos de campaña. Y toda esa cultura administrativa tuvo sus consecuencias: los ciudadanos simplemente restaron valor al recurso, que casi era regalado. A la vuelta de los años, sin embargo, han comenzado los estragos.
(inicialmente publicado en 22 marzo 2006) Ahora se sabe del enorme daño de aquellos manejos, y poco a poco se encaminan los pasos para cobrar, ahora sí como se debe, el suministro. También se ha caído en la cuenta de todas las décadas desperdiciadas por la ausencia de tecnología para tratar el agua dura, pero quizás sea tarde: el manto que por casi un siglo posibilitó el desarrollo de la región, está en su etapa final.

Los diagnósticos de abastecimiento en el Municipio de Juárez son tan desalentadores como varios de los expuestos desde hoy, con motivo del Foro Mundial del Agua.

A casi un siglo de explotar la que hasta hoy es la única fuente de abastecimiento en la zona, el Bolsón del Hueco, los informes manejados por especialistas concluyen que el acuífero está casi agotado.

El final tiene sus explicaciones. Desde que comenzó el registro sobre los volúmenes de extracción del agua, nadie desarrollo estrategias que permitieran alargar la vida del manto, que según los especialistas concluirá su ciclo antes del 2015.
Se trata de un abatimiento imperceptible y por lo tanto desconocido por gran parte de los ciudadanos. La ignorancia se convirtió por eso en el más grande desafío para las autoridades, ahora que la crisis del agua recrudeció.

Los ingenieros de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), el organismo encargado de administrar el recurso, estiman que cada habitante conectado a la red consume unos 380 litros de agua cada día.

Ese volumen es uno de los promedios más elevados en ciudades mexicanas con problemas de escasez, pero su permanencia no obedece sólo a una manifestación inconsciente de los pobladores.

Detrás existe una cultura de uso alentada por las mismas autoridades, que en el pasado manejaron el agua como una de sus más poderosas herramientas políticas.

Durante años el servicio no solamente se ha cobrado barato, sino que todavía hasta principios de la década de 1990, los partidos políticos hacían gestiones para que sus militantes, pobres o no, se beneficiaran con descuentos o la condonación de sus deudas por consumos excesivos y pagos atrasados.

Ese populismo mantiene hasta hoy a una mayoría de usuarios sin medidores que permitan cobrar cuotas acorde al consumo por vivienda, y a la JMAS con obstáculos para cobrar una cartera vencida en casi la mitad de las cuentas.

La consecuencia es que algunos proyectos de investigación y varias obras se han aplazado por no haberse captado el dinero que en el pasado se perdonó mediante esa práctica.

Bajo esta dinámica, las autoridades se escudan al explicar el atraso de obras que pudieran haber atenuado la sobreexplotación del acuífero, del que hoy se sustraen más de 145 mil millones de litros por año, casi 13 mil millones más de los fijados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua)

Desde 1926, la JMAS ha extraído 3 mil billones de litros del bolsón. Si esa cantidad se pusiera en la superficie, se podría tener un lago en toda la mancha urbana de Juárez con una profundidad de 11.60 metros.

Los síntomas del abatimiento del acuífero no son advertidos por la mayoría de la población, aunque en las colonias del poniente, la zona que más dificultad plantea para llevar agua, cada verano resienten la baja presión y en ocasiones hasta la falta total del recurso.

Esa es una realidad que muy probablemente no encontrará solución en los años que vienen, y que se extiende cada vez más a otros puntos de la ciudad, incluido el suroriente, hacia donde apunta el crecimiento urbano.
Hasta hoy, las autoridades dicen que el flujo migratorio se mantiene por arriba de los 50 mil individuos por año, una de las mayores presiones demográficas del mundo.

Esa cantidad de inmigrantes compromete la capacidad de respuesta de la JMAS. Para ellos deben abrirse seis pozos nuevos e instalarse cien kilómetros de red para llevarles el agua, según datos de la dependencia.

Hasta el 2000, la ciudad disponía de una red de mil 328 kilómetros, 142 pozos, 30 sistemas de rebombeo y 33 tanques de almacenamiento con una capacidad conjunta de 100 millones de litros, que garantizaban el abasto a 236 mil viviendas habitadas por el 90 por ciento de la población. De ellos, sólo 80 por ciento tiene sistema de drenaje.

Esa infraestructura parece doblegarse no por su capacidad, sino porque el agua del bolsón se acaba y no existen alternativas inmediatas para reemplazarla, a no ser por un bolsón colindante conocido como Conejos-Médanos.

La sobredemanda, sin embargo, no es nueva. Desde 1935, la entonces Junta Federal de Mejoras Materiales debió ampliar la red que existía desde 1912, algo que sucedió hasta mediados de la década de 1960, cuando se implementa un plan integral para el manejo del agua.

Los tres niveles de gobierno invirtieron entonces 80 millones de pesos para agua y alcantarillado. Con el funcionamiento de 24 pozos se tenía garantizado un servicio para los siguientes diez años.

Las autoridades supusieron que para mediados de los setenta habría en la ciudad unos 400 mil habitantes. Nunca previeron el imán que sería la maquila y la consecuente explosión demográfica.

Para 1970 se tenían 41 mil tomas domiciliarias, cuando se requerían al menos 80 mil. Eso desorganizó todo el programa de inversión y crecimiento de la JMAS, pues tuvieron que improvisarse programas que forzaron a la solicitud de nuevos créditos.

La invasión de tierras en el poniente provocó un rezago que todavía prevalece. Para 1982, cuando se debió tener todo bajo control, la JMAS se vio obligada a negociar créditos por cerca de seis mil millones de pesos, préstamos cuyos intereses aún se pagan.

Enfrentados a estas condiciones críticas, la JMAS presentó en 1999 dos proyectos cuya operatividad habrá repercutieron en las cuotas que pagan los usuarios.

Primero se construyeron dos plantas tratadoras, y después de ello se anunció la apertura de 35 pozos para explorar una primera fase del Bolsón de la Mesilla.

Aparte, la dependencia presentó a la Cocef un anteproyecto para potabilizar las aguas del río Bravo, un ejercicio que reduciría hasta en un 30 por ciento la explotación del Bolsón del Hueco.
De todos los proyectos, sólo el de las plantas tratadoras fue consumado, pero sus operaciones son de una clara deficiencia.

Como sea, el verdadero problema no es la falta de agua en el manto que hoy se explota. El recurso no faltará, dicen algunos expertos, pero traerla desde puntos lejanos o tierras bajas tendrá un impacto en el plano económico. El agua, por tanto, aumentará de costo, se quiera o no.
Elevar las tarifas es un asunto delicado. En un esquema de competencia global, aumentar el costo-ciudad por la inversión enorme que se necesita para dotar de agua a la región, será de gran desventaja.

Es un panorama que no debió ser tan negativo.

«Durante años, las autoridades no hicieron lo que tenían que hacer», dijo Roberto Hurtado, un investigador del Colegio de la Frontera Norte especializado en manejo del agua, durante una consulta realizada a comienzos de la década.
EL USO POLÍTICO DEL AGUA
Durante años la Junta Municipal de Agua y Saneamiento ha transitado por una ruta paralela a la administración gubernamental. Como instancia de poder real, ha sido empleada con fines electorales, fabricando esperanzas en tiempos de campaña.

Pero el manejo político que se le ha dado por décadas, parece que terminará con un distanciamiento brutal con sus más de 236 mil clientes.

Apremiada por la falta de recursos para emprender investigaciones y preparar proyectos, la dependencia ha debido negociar en los últimos años una serie de créditos que le permitan responder a una demanda cada vez mayor de agua, y tendrá que hacer lo que hace años debió haber hecho: cobrar el servicio a un precio real y obligar a sus deudores a liquidar sus cuentas.

El problema es que esa conciencia que ahora se busca es probable que no se produzca sin contratiempos.

Por largo tiempo la dependencia no sólo aplicó descuentos a los deudores, sino que muchas veces perdonó los pagos mediante gestiones realizadas por partidos y organizaciones políticas.

De los 236 mil usuarios registrados por la JMAS en el 2000, sólo 170 mil tenían un medidor en casa. El resto simplemente pagaba una cuota fija, clasificada por zonas. Algunos recibos expedidos por la dependencia llegaban a ser inferiores a los 19 pesos.

Por si fuera poco, el atraso en los pagos por consumo se mantiene sobre el 40 por ciento, según datos de la dependencia.

Más allá del atraso en proyectos que debieron estar funcionando desde hace años para evitar la sobreexplotación del manto, la Junta tiene fallas sensibles en su red de distribución, que no ha podido reparar debido en parte a la cartera que aún se le adeuda.

En un estudio elaborado en forma privada para la Universidad de Texas en El Paso, el especialista en impacto ambiental, René Franco Barreno hizo referencia al estado deplorable de la red, que había a finales de la década de 1990.

«En Ciudad Juárez existen pérdidas sustanciales (de agua) debido a la antigüedad que tienen las líneas de distribución, particularmente en las secciones más antiguas de la ciudad, que incluyen la zona centro», escribe en el reporte al que llamó Una estrategia de desarrollo económico para el uso sustentable del recurso agua en la región Paso del Norte.

La JMAS atribuye, sin embargo, el mayor volumen de pérdidas al mal uso que hacen del agua los ciudadanos.

De acuerdo con un estudio encargado por la dependencia a especialistas de México, Alemania y Suecia, la mayor cantidad de fuga sucede a través de los muebles sanitarios. Por ahí se va el 10 por ciento de los 145 millones de metros cúbicos que se extraen cada año del acuífero.

Aparte, el promedio de pérdidas por otros factores es del 15 por ciento. Y aunque la suma del total indica que la cuarta parte del agua potable se desperdiciada, una encuesta emprendida por la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento establece que el promedio nacional de fugas de agua es del 30 por ciento.

Las investigaciones propias de la dependencia muestran que la mayor fuga de agua que se da en las viviendas se localiza en el cuarto de baño. Ahí, por ejemplo, cada vez que alguien se ducha gasta unos 20 litros por minuto, y seis más cada que se lavan las manos. Con un solo desagüe del sanitario, se tiran otros 12 litros de agua.

Durante los cuatro meses del verano el consumo aumenta un 30 por ciento, lo que eleva en una cantidad superior el porcentaje de fugas.

De cualquier forma, Franco Barreno está seguro que el ahorro más significativo dentro de ese porcentaje de pérdidas se obtendrá una vez sustituidas las líneas dañadas, algo que deberán hacer en los próximos años.

PARAÍSO BUROCRÁTICO
La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ciudad Juárez bien puede considerarse un paraíso laboral. Trabajar ahí supone salarios promedio y prestaciones muy por encima de muchas otras dependencias de gobierno y la condonación de uno de los tres servicios básicos de cualquier sociedad: el agua.

Cuatro de cada diez pesos del presupuesto se van a la nómina. Por ejemplo, de los 460 millones de pesos presupuestados en 1999, la dependencia dispuso de al menos el 40 por ciento para destinarlos en salarios y prestaciones, según cálculos de la misma dependencia.

En la JMAS trabajan 1 mil 092 personas, 91 por ciento de los cuales son hombres. De acuerdo con el organigrama, todos ellos quedan repartidos de la siguiente manera: 484 en el área técnica, 265 en el área comercial, 162 en administración y 50 en el área de saneamiento.

En el staff, el área que agrupa la presidencia, tesorería, contraloría y comunicación social, trabajan otras 131 personas que se llevan el 15 por ciento del presupuesto nominal.

Para todos se destina una nómina mensual de 5 millones de pesos. Las prestaciones de que gozan, son las más altas del mercado público: 80 días de aguinaldo y 26 días de vacaciones.

El rango salarial más bajo que existía en 1999, y que fue en aumento paulatino los años siguientes, era de dos mínimos (2 mil 050 pesos mensuales brutos), y el más alto, el del presidente de la Junta, llegaba a los 38 mil pesos netos cada mes.

En medio quedaban los siguientes puestos y salarios mensuales: Los plomeros ganaban 2 mil 900 pesos brutos, los lecturistas 3 mil 200, los operadores de máquinas 3 mil 600 y entre 4 mil y 6 mil las secretarias.

Los jefes de departamentos obtienían un salario neto de 15 mil a 20 mil pesos, los directores de 23 mil a 26 mil y el tesorero entre 30 y 32 mil pesos netos al mes.

Aparte, con las mismas prestaciones y salarios, 145 trabajadores pensionados o jubilados cobraban cada 14 días.

En contraparte, la dependencia se ha mantenido por años como la tercera dependencia pública más demandada por los usuarios, según registros de la Procuraduría Federal del Consumidor.

La falta de agua es un problema que se vive en todo el estado. Garantizar el suministro plantea grandes retos a los organismos operadores de cada municipio, que disponen de escasas fuentes naturales y una infraestructura igualmente pobre para mantener los niveles de abastecimiento actuales.

En todos los municipios de la Sierra de Chihuahua, por ejemplo, la disponibilidad de agua potable es imposible para un gran porcentaje de los habitantes. Un diagnóstico elaborado por la Junta Central de Agua y Saneamiento en el 2000, establece que el déficit en la zona es mayor al 40 por ciento.

En un rango de menor crisis, con necesidades de agua potable entre el 20 y 40 por ciento de los pobladores, se encuentran otros 15 municipios, entre ellos Chihuahua, Hidalgo del Parral y Villa Ahumada, y 21 más, entre ellos Juárez, mantiene deficiencias en la red inferiores al 20 por ciento.

El mismo estudio dice que sólo 12 de los 67 municipios del estado cuentan con un superávit de agua potable para uso doméstico, pero en ellos se concentra la menor parte de la población.

Si bien el estado se ubica en una de las franjas más áridas del planeta, las autoridades parecen no haber concedido demasiado interés a fórmulas que hubieran permitido, desde hace años, vivir con mayor tranquilidad.

La capacidad que se tiene para el reuso del agua, por ejemplo, es demasiado baja.

Datos de la Junta Central indican que sólo el diez por ciento de las aguas residuales son empleadas en un segundo proceso.

En el estado se generan aproximadamente 8 mil 500 litros de aguas residuales cada segundo, y de ellos únicamente 850 son tratados.

«Los 7 mil 500 litros restantes son vertidos a cuerpos de agua limpia, acrecentando la contaminación del suelo, agua y aire», dice la dependencia. Igualmente se carece de infraestructura para aprovechar el agua de lluvia.

La precipitación anual en Chihuahua ha oscilado los últimos años entre 200 y 400 millones de metros cúbicos anuales, de los que únicamente 14 mil 200 millones se emplean para consumo humano, según reportes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Con mantos semiabatidos en gran parte de los municipios, las autoridades enfrentan otro problema quizá más grave: la cultura del desperdicio.

Los habitantes, han concluido las juntas de Agua, consumen un promedio de 350 litros diarios por habitante, una cantidad que suponen excesiva porque la mayor parte del recurso simplemente se derrocha.

La Junta Central dice que el 88 por ciento de la población estatal cuenta con agua potable y el 76 por ciento con servicio de drenaje. Para los años siguientes pretende que el 95 por ciento de la gente cuente con una llave en sus casas y el 85 por ciento esté conectado a la red de descarga.

En los planes se incluye la necesidad de elevar el porcentaje de tratamiento de agua a un 60 por ciento, pues de lo contrario habrá repercusiones serias en todos los órdenes.

«En los próximos años existe la amenaza para la subsistencia y salud de los habitantes, el crecimiento económico y el futuro de las nuevas generaciones», concluye el estudio de la Junta Central.

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